El fiscal general del Estado rechaza "terminantemente la forma en la que se llevó a cabo" la protesta contra la juez del caso EREEl fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha referido hoy viernes al acoso al que fue sometida ayer la juez instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, por parte de sindicalistas y ha afirmado que no puede sino "rechazar terminantemente la forma en la que se llevó a cabo". Para el fiscal general, con lo ocurrido ayer en Sevilla "se sobrepasaron los límites".
Torres-Dulce ha dicho que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "asegurar que los derechos constitucionales de manifestación y reunión se cumplen en sus justos términos". Igualmente, ha indicado que "asegurar la independencia de actuación y la seguridad de los miembros del Poder Judicial" es un terreno en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "dirá lo que estime procedente".
"Estoy absolutamente seguro que cualquier miembro del poder judicial como de la Fiscalía puede resultar afectado por esas situaciones -ha añadido-, pero en modo alguno va a tener ningún tipo de consideración respecto a las decisiones que estoy seguro que la señora juez instructora seguirá tomando con la objetividad, la imparcialidad, distanciamiento y sujeción a la legalidad", ha añadido Torres-Dulce.
Esta madrugada del viernes, la juez Alaya ha dejado en libertad con cargos a los siete detenidos en la segunda fase de la Operación Heracles (enmarcada en la presunta trama de corrupción en el seno de la Junta de Andalucía) que pasaron a disposición judicial y que han comparecido en su despacho durante la tarde del jueves y hasta bien entrada la madrugada del viernes.
Los primeros en quedar libres han sido el secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, el exsecretario de Desarrollo Industrial de CC.OO., Roberto Carmona; y el director de Empleo de la Diputación de Sevilla hasta su detención, Enrique Rodríguez.
Tras salir en libertad, los tres han sido recibidos con una fuerte ovación y gritos de "libertad, libertad" por varias decenas de sindicalistas que se han concentrado frente a los juzgados, entre ellos el secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla.
Lamentable la actuación de estos miembros sindicales y su acoso a la juez Alaya. Su reacción desmedida y airada ante una investigación judicial hace sospechar que hasta ahora habían presuntamente actuado con total impunidad (es que es un verdadero incordio que te quiten las presuntas comilonas con cargo a los fondos públicos y los presuntos sobresueldos y tal).
Y da una idea de la gran cultura democrática que ostentan (irónico). Los sindicalistas de verdad deberían alzar la voz contra las actuaciones de sus compañeros que acosan a la juez (esto último no es irónico).
José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com
Torres-Dulce ha dicho que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "asegurar que los derechos constitucionales de manifestación y reunión se cumplen en sus justos términos". Igualmente, ha indicado que "asegurar la independencia de actuación y la seguridad de los miembros del Poder Judicial" es un terreno en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "dirá lo que estime procedente".
"Estoy absolutamente seguro que cualquier miembro del poder judicial como de la Fiscalía puede resultar afectado por esas situaciones -ha añadido-, pero en modo alguno va a tener ningún tipo de consideración respecto a las decisiones que estoy seguro que la señora juez instructora seguirá tomando con la objetividad, la imparcialidad, distanciamiento y sujeción a la legalidad", ha añadido Torres-Dulce.
Esta madrugada del viernes, la juez Alaya ha dejado en libertad con cargos a los siete detenidos en la segunda fase de la Operación Heracles (enmarcada en la presunta trama de corrupción en el seno de la Junta de Andalucía) que pasaron a disposición judicial y que han comparecido en su despacho durante la tarde del jueves y hasta bien entrada la madrugada del viernes.
Los primeros en quedar libres han sido el secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, el exsecretario de Desarrollo Industrial de CC.OO., Roberto Carmona; y el director de Empleo de la Diputación de Sevilla hasta su detención, Enrique Rodríguez.
Tras salir en libertad, los tres han sido recibidos con una fuerte ovación y gritos de "libertad, libertad" por varias decenas de sindicalistas que se han concentrado frente a los juzgados, entre ellos el secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla.
Lamentable la actuación de estos miembros sindicales y su acoso a la juez Alaya. Su reacción desmedida y airada ante una investigación judicial hace sospechar que hasta ahora habían presuntamente actuado con total impunidad (es que es un verdadero incordio que te quiten las presuntas comilonas con cargo a los fondos públicos y los presuntos sobresueldos y tal).
Y da una idea de la gran cultura democrática que ostentan (irónico). Los sindicalistas de verdad deberían alzar la voz contra las actuaciones de sus compañeros que acosan a la juez (esto último no es irónico).
José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com
