Durante el almuerzo celebrado a mediodía del jueves 10, organizado por el Foro Nueva Economía, el vicepresidente económico Pedro Sobes, se ha mostrado muy discreto en relación a la reforma hipotecaria, planes de pensiones y sistema tributario de las plusvalías. Incluso, ha llegado a decir jocosamente que no había pensado en la rebaja del Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, ha estado muy contundente en relación al Estatuto de Autonomía catalán. En su opinión, las reformas sobre sistemas de financiación autonómica deben tomarse por unanimidad, pactadas entre Comunidades Autónomas y Estado. Además, advierte que la época en que los conflictos se solucionaban mediante transferencias adicionales del Estado a las comunidades autónomas se ha acabado. La Administración central maneja ahora tan sólo el 19% del total de los recursos públicos, frente al 36% tratado por las Comunidades Autónomas. De esta forma, Solbes se suma al discurso reiterado de MAFO en el sentido de que el Estado español es el Estado más delgado entre los países desarrollados. Por tanto, la postura del Gobierno es clara: Ningún Estatuto tomará decisiones de manera unilateral.

Por otra parte, el ministro de Economía ha mostrado su satisfacción por la espectacular evolución del Impuesto de Sociedades. Solbes considera que ese dato apunta a un crecimiento de los beneficios empresariales que se traducen en subidas bursátiles. Además, cree que no hay motivos para pensar que la evolución vaya a verse truncada en el futuro inmediato, por lo que augura un buen año bursátil. Por último, aviso a navegantes sobre el proyecto de la Junta de Andalucía de fusionar las participaciones industriales de las cajas andaluzas en el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Solbes cree que hay que analizarlo a fondo, pero levanta la tarjeta amarilla sobre la posible distorsión del sistema financiero. Y es que si esa operación se llevara a cabo, el BEI se convertiría en el tercer grupo industrial de España, controlado por unas cajas sin Juntas de Accionistas. Desde el Partido Popular, se apoya el discurso gubernamental, aunque se reconoce que los Gobiernos autonómicos regidos por el Partido Popular mantienen inercias difícilmente salvables en relación a las cajas.