En el sector empresarial ha causado estupor su bronca a las empresas por no cumplir las normas de buen Gobierno corporativo. El Gobierno socialista ha afianzado y mantenido la política del Partido Popular, que beneficiaba a los presidentes de grandes bancos y empresas y perjudicaba al  pequeño accionista. Bruselas amenaza al Gobierno español con abrirle un expediente por la supresión del derecho de suscripción preferente. Solbes nunca se ha planteado regular la participación en beneficios y su actitud pro-Botín en el juicio de las indemnizaciones avala la actitud dictatorial de los presidentes

Estupor es lo que han causado las declaraciones del vicepresidente económico Pedro Solbes el pasado miércoles 20. Según el vicepresidente, la empresa española sufre un déficit de buen gobierno. En concreto, Solbes acusa a las grandes corporaciones de maltratar al accionista minoritario y a los consejeros  independientes y no ejercer un verdadero control sobre el equipo directivo. Estas declaraciones se producen en un momento en que el Gobierno pretende refundir los famoso códigos Olivencia y Aldama sobre buen gobierno y sin aclarar si va a concretar estos nuevos códigos de forma obligatoria (mediante una ley) o de forma voluntaria (mediante un nuevo código de códigos).

El estupor y la irritación del tejido empresarial se deben sobre todo al hecho de que el PSOE en ningún momento ha hablado de modificar la normativa sobre los aspectos denunciados por el vicepresidente, entre los que cabe destacar dos. Por una arte, el pequeño accionista no tiene en España ni la menor posibilidad de controlar los gastos de los presidentes de grandes corporaciones, empezando por el sueldo del presidente, el consejero delegado y sus directivos. Es más, cuando se ha presentado una causa judicial en este sentido, el gobierno socialista no se ha personado en la misma y el Ministerio Fiscal ha apoyado a los presidentes de grandes empresas. El ejemplo mas reciente es la actitud del ministerio público en el juicio contra Emilio Botín, que pagó 110 millones de euros a Ángel Corcóstegui y 44 más pensiones a Amusátegui, todo ello con dinero de los accionistas, para quedarse como presidente único e incontestado en el SCH.

De la misma forma, el actual Gobierno se ha negado a modificar toda normativa que regule la representación delegada en las juntas de accionistas, así como los mecanismos de control que el pequeño accionista posee sobre la Dirección de una Compañía, y que son mínimos.

El actual Gobierno ha despreciado así mismo las declaraciones de los distintos gripos de accionistas, en concreto de José Mª Trevijano, sobre la suspensión del derecho de suscripción preferente en ampliación de capitales y suscripción de otros títulos. Fue una legislación del ex vicepresidente económico, Rodrigo Rato, que el PSOE ha mantenido, una legislación tan sangrante que ha llevado a la Comisión Europea a amenazar al Gobierno con abrir expediente si no modifica la normativa. Pues bien, Trevijano se ha dirigido al Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, sin recibir respuesta, así como al vicepresidente Solbes, quien remitió el informe de Trevijano a su secretario de Estado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. En ningún momento han respondido, a pesar de la amenaza europea. Asimismo, recientemente, Solbes también se negó a aceptar una denuncia sobre nuevas renuncias forzadas al derecho de suscripción realizadas por el BBVA.

Trevijano denunció también el robo que para el pequeño accionista suponía las prejubilaciones con cargo a reservas, es decir, con cargo a su patrimonio, pero sólo el Banco de España, que adelantó a 2004 la doctrina de las nuevas normas contables NIC es decir, las prejubilaciones se abonen con cargo a los resultados del Ejercicio y no contra reservas, propiedad de los accionistas- tuvo en cuenta la denuncia.

El gobierno socialista ha exhibido, por tanto, la misma sensibilidad que el Partido Popular hacia los pequeños accionistas de las grandes corporaciones que el Gobierno Aznar: Ninguna.

Sí, las palabras de Solbes han causado verdadero estupor en el mundo económico español.