Lo decía un funcionario de la Seguridad Social: Aquí sólo se dan de alta las chachas. Por supuesto, era un mensaje parcial de un funcionario de una oficina de la Seguridad Social. Pero significativo. Porque de las 700.000 regularizaciones, de momento, sólo se han dado de alta 94.000 personas. Y según expertos en inmigración consultados por Hispanidad es muy posible que muchas de las altas sean exclusivamente por seis meses para aprobar todo el proceso con plenas garantías.

La razón de que las empleadas de hogar estén protagonizando las altas es que la SS ha ideado un sistema de baja cotización para incentivar su ingreso. Tan sólo se exigen 30 horas de servicio total semanal, aunque muchas completan las horas que faltan con horas ficticias firmadas por alguien cercano o alguna ONG. La venta de contratos de trabajo también está a la orden del día, aunque Caldera quiera negarlo.

La cifra de altas es escasa. Pero la presión sobre los servicios sociales aumenta inexorablemente. El pasado miércoles, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, alertaba sobre el nacimiento de una nueva ciudad valenciana de 108.000 habitantes que es la población inmigrante regularizada. Y está bien que haya sido así, pero necesitamos fondos para atender la creciente demanda en servicios de educación, sanidad y seguridad, las tres patas del estado de bienestar, señalaba. Pues eso.