El jueves le tocó el turno al grupo Vocento. Todos los periódicos de la mayor red de diarios regionales de España publicaban la misma noticia: Los editores de prensa exigen que la ley prohíba las copias piratas de sus contenidos. Como explicábamos en nuestra edición anterior, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), por un despiste de los socialistas, y en concreto del Alfredo Pérez Rubalcaba, gran valedor de los grandes editores, se modificó el artículo que hacía mención a los resúmenes de prensa, o clipping-press. La nueva LPI del PSOE exige que para hacer resúmenes de prensa no sólo hay que pagar a los grandes editores sino que, además, sólo podrá ejercer esta función quien haya sido previamente autorizado. De repente, alguien (se dice que algunos diputados socialistas con el apoyo de Coalición Canaria, aunque el submarino aún no ha ido localizado- introduce un cambio a última hora, y afirma que aunque el clipping hay que pagarlo, suprime la autorización previa de Gedeprensa (entidad que agrupa a los editores) y encima afirma que es el periodista, el autor de una noticia, quien posee la propiedad intelectual sorbe la misma, no el editor.
Pues bien, los grandes multimedia han reaccionado como todo un lobby. Diarios de derechas, Lara y Polanco, Bergareche y Pedro J., todos unidos para monopolizar el clipping y, sobre todo, para evitar que se implante una teoría por lo demás cierta: el periodismo es un conjunto de obras individuales, cuya propiedad intelectual corresponde al autor de la noticia (que para eso asume responsabilidades penales), pero no es, como pretenden los grandes editores, una obra colectiva.
El asunto promete porque la sutil enmienda pone patas arriba toda la gestión de los derechos de autor, que es una actividad muy lucrativa.
