Sr. Director:
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut acaba con algunas de las prácticas más radicales de los nacionalistas como es la de multar a los comercios con rótulos no escritos en catalán.

La sentencia establece que el deber de conocer el catalán sólo puede ser exigible en la educación y el funcionariado. Es decir, al resto de ciudadanos, incluidos los comerciantes, nadie les puede exigir el deber de conocer el catalán y, por tanto, mucho menos el deber de usarlo.

¿A qué espera el gobierno de Montilla para suspender unas multas lingüísticas a los comerciantes que a día de hoy ya podemos afirmar con rotundidad que son inconstitucionales y, por tanto, ilegales?.

Rosa Álvarez