Tras el monumental fracaso de la tramitación parlamentaria, Salgado se ha inventado un mecanismo para ayudar a las pymes que no tienen acceso a la liquidez. Todo está cogido con pinzas. Dice que no sabe cuántos préstamos han sido rechazados, pero prevé que unos asesores contratados por El Consejo Superior de Cámaras supervisen 200.000 expedientes. Esto lo harán 60-70 prejubilados de banca -precedentes de la asociación SECOT- y el programa costará 10 millones de euros. Mucho dinero. Demasiado.
Además, cada asesor deberá de supervisar 3.333 expedientes al año. Para estar prejubilados, su productividad no está mal. Es que la primera criba tiene que ser muy sencilla.
Una vez que hayan decidido que su banco fue injusto al denegarle el crédito, lo volverán a presentar. Pero sin ninguna garantía de que el banco lo acepte. Otra cosa es que el Gobierno esté dispuesto a incrementar las garantías para aquellos bancos que se porten bien, es decir, aquellos que contraten líneas ICO de manera masiva. Según Salgado es compatible estar prejubilado con trabajar en la administración.
El Gobierno reconoce que las pymes tienen serios problemas para acceder al crédito. Pero da toda la sensación de que la solución es más bien una chapuza improvisada para salir del paso. Ahora resulta que 60 asesores contratados por el Consejo Superior de Cámaras, pero pagados por el ICO van a resolver el problema de la financiación de las pymes haciendo el trabajo de análisis que se supone que deberían hacer los bancos. Y sólo nos cuesta 10 millones de euros. Ver para creer.
