El portavoz parlamentario del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, negó el pasado domingo en Intereconomía que el gobierno hubiera otorgado un cheque en blanco a ETA con la resolución aprobada en el parlamento. Insistió en el compromiso del gobierno con la vía policial: Hemos detenido tres terroristas por semana, que no está mal. Y reconfirmó que lo que debían de hacer los terroristas era abandonar la violencia y no exigir contraprestaciones políticas. Matar no da réditos políticos, apunta.

Lo que no se entiende es por qué aprobar una negociación si el objetivo del gobierno es el acoso a la banda. Tampoco se entiende que Rubalcaba afirme que dentro del consenso se puede discrepar sobre si es necesaria mayor o menor dureza en la lucha antiterrorista. Eso sí, niega que hayan existido oficial u oficiosamente contactos con la banda tanto por parte del PSOE como del PSE. Niega la existencia de la vía Eguiguren y afirma que la resolución del Parlamento es exactamente el punto 10 del pacto de Ajuria Enea.

Rubalcaba considera también que el Pacto Antiterrorista está vigente, pero no se quiere mojar en fijar una fecha. Cuando calme la tormenta, porque no queremos dar el espectáculo, afirma. Una respuesta similar a la que la vicepresidenta De la Vega ofreciera el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: Menos debate y más reflexión. Además, Rubalcaba afirma que el Pacto Antiterrorista no es incompatible con mantener un acuerdo con todas las fuerzas políticas. Y, como es sabido, endosa la mala salud del Pacto al PP, por entender que ha llevado la lucha antiterrorista al debate político. Nosotros nunca hicimos ni una sola pregunta parlamentaria sobre el tema porque entendimos que debíamos dejar el asunto al margen.

Por otra parte, Rubalcaba insiste en que no existen pruebas para la ilegalización del PCTV, aunque se muestra tranquilo porque el Fiscal General del Estado ha anunciado que está encima de la formación política. No nos podemos permitir que los tribunales de justicia nos echen atrás un proceso de ilegalización, afirmó. El portavoz parlamentario del PSOE afirmó que jurídicamente no se puede probar que sea heredero de Batasuna, que no es suficiente con que asuma los postulados de la formación ilegalizada y que personalmente tampoco se atreve a afirmar ni una cosa ni la contraria.