• Por de pronto, Madrid se niega a suprimir el Tribunal de Cuentas regional.
  • No obstante, Soraya insiste que va a ahorrar 37.700 millones de euros.
  • Esta es la única reforma que no hay que hacer por consenso sino manu militari.

Reforma de las Administraciones Públicas. Sin duda, una de las medidas estrella de la legislatura y el Gobierno la ha anunciado a bombo y platillo durante toda la semana.

Primero fue el propio presidente, luego la vicepresidenta y los ministros de Hacienda e Industria y, finalmente, este viernes, tras el Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro (ambos en la imagen) le han puesto el lazo.

Lo más llamativo: el ahorro de 37.000 millones de euros que, según la vicepresidenta, se va a conseguir hasta el año 2015, cuando se prevé que esté finalizada. En estos 37.000 millones está incluido, además del adelgazamiento de la Administración Pública, la reforma local -cuyo ahorro se estima en 8.000 millones de euros- y las medidas estructurales sobre empleo público, otros 19.000 millones de euros. Sin embargo, la aplicación de las 217 medidas de la reforma presentada este viernes supone un ahorro de tan solo 6.500 millones de euros.

A parte de la eliminación de duplicidades, Soraya fía el ahorro a Internet, que está bien, pero causa tantos quebraderos de cabeza como ahorros. Además, en cuanto a la supresión de organismos autonómicos -realmente la clave del asunto- serán las CCAA quienes tengan la última palabra.

Para empezar, este mismo viernes, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha afirmado que no piensa suprimir, de momento, el Tribunal de Cuentas regional. Es más, González ha admitido que la comunidad liquidará las empresas que están en proceso de venta y no se vendan, y punto.

Y es que, según fuentes del Gobierno, a partir de ahora, si una comunidad autónoma quiere crear un organismo público, el Estado le exigirá informes sobre su necesidad, sobre si existen duplicidades con alguno ya existente, etc. Pero si el organismo es para satisfacer alguna competencia transferida, no se podrá impedir su creación. En definitiva, que la última palabra la tendrán las CCAA.

Viene al pelo el consejo que dieron a un profesional no funcionario cuando se incorporó a un ministerio: "No eches a nadie. Tu poder se mide por el número de funcionarios que dependen de ti". Lo mismo se puede decir de los presidentes autonómicos: su poder se mide por el número de organismos que tienen a su cargo.

En resumen: lo que hay que hacer es reducir el número de políticos y de instituciones. Llama la atención que a pesar de la crisis, el gasto público aumentó en 2012 un 2,8% respecto a 2011, hasta los 493.660 millones de euros, según Eurostat, y que el peso del Estado ha pasado del 39,2% en 2007 al 49% en 2012, es decir, ha aumentado 7,8 puntos del PIB durante la crisis.

La reforma de la Administración Pública es la única que no hay que hacer por consenso -es pedir a los políticos que se suiciden profesionalmente-, sino manu militari. Y no ha sido así.

Pablo Ferrer
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