Según informa la viceconsejera de Educación, Concha Gómez

 

Los padres de Natalia Santacreu, la niña suspendida por contestar en castellano a un examen en Valencia, fueron recibidos este miércoles por la viceconsejera de Educación Concha Gómez, para manifestarle su malestar por la imposibilidad de poder hablar en español en España. Según Santacreu la viceconsejera reconoció que el tema se les ha ido de las manos y que se está produciendo un aprovechamiento de las leyes de educación vigentes en la Comunidad Valenciana, por parte de los sectores mas radicales. Santacreu respondió que si los profesores no han incurrido en ninguna ilegalidad es por culpa de las leyes que el PP ha permitido, es decir que el PP ha sido victima de sus propias leyes. En efecto, la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, establece los planes lingüísticos sobre los que se rige la enseñanza en la Comunidad Valenciana: Programa de Incorporación Progresiva cuya lengua vehicular es el castellano; Programa de Inmersión Lingüística y Programa de Enseñanza en Valenciano, donde la lengua predominante es el valenciano. Sin embargo, la trampa de estas leyes radica en que son los Consejos Escolares y los Colegios quienes deciden cuántas horas se darán en uno u otro idioma, en función de sus intereses ideológicos, pues la ley no establece límites. Señala mínimos, pero no máximos. Concha Gómez manifestó el interés de Mariano Rajoy por resolver esta situación y afirmó que los servicios jurídicos de la Generalitat trabajarían para que se le devuelvan los sobresalientes robados a la niña. Asimismo, Santacreu le recordó que el 'caso Natalia' es la antesala de poder rotular en español y puso de manifiesto el desmadre jurídico sobre la lengua que hay en España. Hace unos meses, la El 'caso Natalia' muestra la pasividad del Gobierno valenciano y la permanencia del problema.