La elevación a rango constitucional de la reducción del déficit (por cierto, ¿hasta cuánto?, que es lo que importa) está resultando muy divertida. Como asegura el ínclito Llamazares (¡Mi admiración, don Gaspar!) "es una imposición de los dos grupos mayoritarios de la Cámara".Muy cierto, son esos dos grupos que suman el 91% (322) de los escaños y el 84% de los votos de los españoles mientras, como muy bien argumenta el señor Llamazares. El resto de los grupos (les regalo UPN, que votó con PSOE y PP), nada menos que ocho partidos, qué digo, ocho coaliciones de un sinfín de partidos, suman 28 escaños y el 16% de los sufragios.

Dicho por votos, que es lo que interesa; PSOE y PP, los que imponen la reforma, obtuvieron el respaldo de 21,2 millones de españoles mientras que los ocho partidos que se les enfrentan fueron la opción de algo menos de 3 millones de ciudadanos. Hombre don Gaspar, parece que la laminación del PSOE y del PP al conjunto de la cámara parece democráticamente avalada.

Cosa distinta, y distante, -sí señor- es que la mayoría tenga siempre la razón. Efectivamente, no la tiene. Es más, no la suele tener. Pero para usted, don Gaspar, que no cree en las "verdades absolutas" (si no son absolutas, ¿Cómo pueden ser verdad?), la verdad es lo que diga la mayoría, ¿no es así?

Dicho esto, lo cierto es que PSOE y PP no necesitaban reformar la Constitución para reducir el gasto público. Bastaba una ley de control a la que se atuvieran todos. El problema es que Zapatero y Rajoy se han convencido de que las leyes, aunque tengan carácter de orgánicas, no bastan para reconducir la tendencia de los políticos -o sea, de ellos mismos- a derrochar para ganar votos. Y es que los estatutos de autonomía también tienen rango de ley orgánica. Vamos, que reforman la Constitución porque no se fían de sí mismos y por la vía de urgencia, cuando la elegida debía haber sido, como defiende don Gaspar, el referéndum.

En cualquier caso, lo que ha ocurrido es que la inmensa mayoría de esas fuerzas, los laminados, son nacionalistas o regionalistas y han visto lo fácilmente que se vería reducido su poder si los dos grandes partidos nacionales se unen.

El caso de CIU resulta sintomático: braman contra la medida cuando ellos mismos la aplaudirían si fueran ellos los que la establecieran en Cataluña. De hecho, CIU ha lanzado un severo recorte del gasto público tras el derroche del Tripartito. Vamos, que PSOE y PP se han puesto de acuerdo en algo, por primera vez… y eso les hace temblar.

Ojo, no me agrada el bipartidismo, pero tampoco la España ingobernable. Y es ingobernable, no porque haya partidos pequeños, Sino porque hay partidos nacionalistas. Las palabras del presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo reflejan mejor que ninguna otra cosa: "Si no se aceptan nuestras enmiendas la distancia emocional entre Cataluña y España aumentará". Lo que conlleva dos elementos: la identificación que hacen los nacionalistas entre sus posturas y las de toda la población de su comunidad autónoma: aumentará el alejamiento de todos los catalanes con España o sólo el de los catalanes nacionalistas? Y lo segundo: ¿Seguro que el peligro no está en el alejamiento de los catalanes de España, sino en el de los españoles de Cataluña?

En cualquier caso, la medida es buena, no debió hacer reformando la Constitución y debió hacerse antes. Además, hay que esperar a saber el cuánto. Y no basta con reducir el déficit, hay que alcanzar el superávit, dada la espiral de deuda en la que nos hemos metido. O en las que nos ha metido el Gobierno Zapatero.

Y déjenme que les diga una cosa: no basta con reducir el déficit a lo bestia: la economía, además de no gastar más de lo que ingresa, necesita crecer. Y nos estamos olvidando de ello. Nos estamos olvidando, por ejemplo, de reducir impuestos y burocracia a profesionales y autónomos.

Eulogio López

eulogio@hispanidad.com