A punto de finalizar el verano de 2009 tenemos que constatar, una vez más, la situación de abuso de poder de políticas y medios, muy particularmente la televisión, en relación con los derechos de los espectadores en España.
Por una parte la política del Gobierno: lenta-lentísima considerando las promesas en periodo electoral; improvisada en relación con la televisión de pago; temeraria en cuanto a concesiones y absolutamente inoperante en lo relativo al obligado cumplimiento de aspectos fundamentales de la normativa. Las asociaciones de telespectadores (en base a estudios recientes*); Defensor del Pueblo, críticos y expertos, no dejamos de manifestarlo.
Mientras tanto, los desolladeros de Telecinco y Antena3 se han ido poblando de delincuentes, drogadictos, traficantes de drogas, prostitutas, corruptores de menores (son algunas de las acusaciones que entre broncas, insultos y agresiones incluso físicas, convenientemente filmadas, se lanzan unos a otros). No es broma: algunos han ido directamente del plató a la cárcel. Por supuesto, también en horario superprotegido. Hasta los hermanos Matamoros (meses en el dique de la economía seco), con mucha habilidad y muy poca vergüenza, se han incorporado con éxito en cuanto les ha venido en gana al repugnante circo, acogidos con satisfacción no disimulada e ingentes sumas de dinero. O sea, una programación muy edificante, educativa y llena de valores.
De poco sirven los consejos audiovisuales autonómicos existentes (Andalucía, Cataluña y Navarra), si las cadenas de titularidad privada más importantes, y por lo tanto con mayor cobertura, burlan todo código deontológico, incumplen sistemáticamente el horario de protección (en el verano actual, de la forma más agresiva posible), y con la mayor impunidad.
Añadir que se vienen obteniendo los índices de audiencia más bajos de la historia y que lo más perverso de la televisión basura es decir que la pedimos. Se trata de una gran mentira: es barata, fácil de realizar y pretende crear una audiencia acrítica, y unas nuevas generaciones de espectadores lo más complacientes que sea posible.
Y no se me diga que la implantación de la TDT acabará con la situación: los responsables intentarán seguir ostentando poder a cualquier precio.
Nuestra obligación, trasmitiendo la impotencia y la desazón de padres y educadores, es denunciar la comodidad en la que se desenvuelven; la indiferencia de los poderes públicos; la inacción de jueces y fiscales. No existe un ámbito en el que se pueda mover con tanta desvergüenza burlando la ley como el que nos ocupa. Concluyendo, además, que es uno de los más influyentes entre las nuevas generaciones.
No nos extrañan las últimas declaraciones del Defensor del Pueblo, Sr. Múgica Herzog, que, como quien clama en el desierto, muestra la situación caótica y por consiguiente de abuso de poder que padecemos. ¿Algún responsable aportará algo de luz? Estamos esperando.
Asociación Plaza del Castillo
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