Si va a casación, me vuelve a llamar

La información publicada por El País de este miércoles da un paso más. La presidenta del Tribunal Constitucional, Mª Emilia Casas, no sólo asesora a una mujer supuesta víctima de violencia de género y presunta asesina de su marido. Es sabido que los jueces no pueden asesorar jurídicamente. Pero en la conversación interceptada por la Guardia Civil se puede escuchar además que Casas se ofrece a ayudar en caso de que el asunto vaya a apelación. Es decir, en caso de que sea un asunto que recaiga directamente sobre su jurisdicción.

Por eso el Centro Jurídico Tomás Moro ha presentado en la mañana de este jueves una querella por presunto delito de negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos del ejercicio de su función. Igualmente el CJTM considera que la presidenta del Constitucional podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias contemplado en el art. 428 del Código Penal en grado de tentativa. Si quiere leer el texto íntegro de la querella, pinche aquí.

La presentación de la querella se produce ante el anuncio de la fiscalía de que no va a iniciar ninguna actuación. Incluso antes de conocer los hechos, señala el letrado del CJTM, Javier Pérez-Roldán. ¿Quizás porque sigue órdenes de sus superiores?, se pregunta Pérez Roldán. El CJTM quiere aclarar los hechos y que se haga justicia sobre un hecho grave que recae sobre la presidenta del órgano de garantías constitucionales.

Los hechos existen, son probados y no han sido desmentidos. Pero más allá de los hechos cabe preguntarse por qué un medio afín al Gobierno decide dar la puntilla a una discutida presidenta del Tribunal Constitucional. Es sabido que el Alto tribunal debe resolver el Estatut y la matrimonialización de las uniones homosexuales. Y también recordamos que la vicepresidenta dedicó un visual rapapolvos a la presidenta del TC el día del Desfile de las Fuerzas Armadas. ¿Se resistía Casas a someterse a los criterios del Gobierno? Los PRISA boys no dan puntada sin hilo. Y por cierto, ¿la constitucionalización de la discriminación positiva en el ámbito penal es válida después de estas revelaciones? Las instituciones han saltado por los aires.