Lo primero que ha hecho el nuevo ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, es anunciar la nacionalización de las reservas de gas del país. La palabra nacionalización evoca muchos demonios, pero en realidad lo extraño es el caso boliviano : un país cuya riquezas naturales no están inscritas en el registro de la Propiedad a nombre del Gobierno. Por tanto, la temida palabra no debe inspirar ningún temor. Evo Morales ha hecho aquí lo que tenía que hacer, ni más ni menos.
Nadie en el sector petrolero lo discute. El problema viene después de la nacionalización. En primer lugar se trata de pactar con las petroleras buenos contratos, impuestos y reparto de beneficios, justo en el punto medio : ni tanto como para reducir a cero el beneficio de las empresas, en cuyo caso se marcharán, ni tan poco para que campen a sus anchas. El juego tiene su riesgo, porque el Gobierno de Carlos Mesa, a pesar de las tonterías que decía el Morales opositor y constructor de barricadas, ya había situado a las petroleras al borde mismo de cubrir costes y no ganar nada. Lo importante es que las empresas se comprometan a realizar las fuertes inversiones que tienen que practicar y que el Estado boliviano no puede permitirse.
Y una segunda cuestión: Evo Morales deberá decidir si funciona con criterios de mercado o con los argumentos de un nacionalismo facilón. Por ejemplo, lo mejor que puede hacer ahora mismo Morales es venderle gas a todo el mundo, especialmente a Estados Unidos, que es el que mejor paga. Venderle combustible no significa ceder ante el Imperio sino aprovecharse del imperio en beneficio de los bolivianos. Y, ya de paso, emplear ese dinero, no en explotar la revolución bolivariana, sino en mejorar las paupérrimas condiciones de vida de los bolivianos. Con el dinero del gas puede hacerlo.
Y si adopta una actitud razonable en estos puntos, las empresas colaborarán en busca de un beneficio. Por ahora permanecen calladas. La nacionalización les parece estupenda; lo que les preocupa es la carga fiscal que van a tener que soportar y, lo que es más importante, la seguridad jurídica que se les ofrece. Nadie convierte miles de millones si está convencido de que en unos meses pueda radicalizarse el Gobierno y expropiarle.
