Eso piensan en el Gobierno. Las ocupaciones de inmuebles en la localidad granadina de Jun (no se dice que los okupas son gitanos, porque eso sería políticamente incorrecto, pero lo son) no serían preocupantes si no fuera porque parece una respuesta al borrador de Ley del Suelo del PSOE, que intenta gravar la propiedad de viviendas vacías. El PP, por supuesto, se ha apresurado a recordarlo.
Al final, dicen en el Gobierno, el problema no es de ocupación sino de impunidad. Es decir, de que el principio de autoridad quede en entredicho. Y eso no conviene ni a la izquierda ni a la derecha. Al único al que convine es a quien está en la oposición, jamás en el Gobierno. En el Ministerio de María Antonia Trujillo, están convencidos de que han despertado al león dormido.
Lo malo es que desde la ocupación, el asunto se ha escapado de las manos de la autoridad política para entrar en el terreno de la autoridad judicial. Y de ahí puede salir cualquier cosa
