Los consistorios se quejan de falta de financiación. Dicen que han asumido competencias impropias ante la pasividad del resto de las administraciones, pero que carecen de suficiencia financiera para hacerlas frente. En los años del boom inmobiliario, las licencias daban para comer. Pero ahora que el mercado está frenado, Houston, tenemos un problema. La propia alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, apelaba el pasado fin de semana por la necesidad de que el Estado emprendiera un plan de salvamento de ayuntamientos.
Pues bien, en este contexto, el ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, ha convocado oposiciones para varias decenas de puestos de trabajo en el marco de la consolidación de empleo temporal. Lo grave es que el alcalde accidental sabe -o debería saber- que tras el frenazo del ladrillo, el consistorio tiene problemas hasta para pagar las nóminas de los actuales trabajadores públicos. ¿Por qué motivo entonces se lanza a nuevas contrataciones que no podrá pagar? Es verdad que la ley nueva obliga a consolidar tras más de tres años de encadenamiento de la temporalidad. Pero, ¿por qué se permitió llegar a esos tres años? Los errores de gestión y la sobredimensión de las plantillas no conocen de color político.
Andrés Velázquez
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