El caso judicial más grave de cuantos afronta el presidente del Santander, Emilio Botín, son las cesiones de crédito, un instrumento financiero que presuntamente sirvió para efectuar un fraude fiscal masivo. La tenacidad de la jueza Teresa Palacios, de la Audiencia Nacional, de los comunistas catalanes de IC, de la Asociación de Defensa del accionista, consiguió, que, tras 13 años de instrucción, se decretara la apertura de juicio oral contra el presidente del Santander, Emilio Botín, el ex consejero delegado, Rodrigo Echenique y otros altos cargos del primer banco del país.
Al llegar al poder los socialistas, Rodríguez Zapatero decidió que la abogacía del Estado renunciara a la causa, a pesar de ser la Hacienda Pública la perjudicada. Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se salió por la tangente afirmando que tomaría una decisión cuando se abriera el juicio oral. Hasta ese momento, por tanto, se imponía la tesis del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que una y otra vez ha pedido el sobreseimiento del caso. De esta forma, se daba la siguiente contradicción: en los juicios que se seguían en distintas provincias españolas contra los particulares titulares de cesiones de crédito. En todo el país, los fiscales consideraban que había delito flagrante, mientras en la Audiencia Nacional, donde se dilucidaban no sólo algunos casos contra particulares, sino el mega-juicio contra el Santander, como presunto connivente y colaborador necesario del delito, los fiscales pedían el sobreseimiento.
Pues bien, ha sido la semana pasada, cuando todo ha cambiado. Hablamos de la Resolución del recurso de apelación 160/2005 de la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por Fernando Bermúdez de la Fuente (quien, por cierto, ha archivado el caso). No, lo relevante es que, por vez primera, un fiscal de la Audiencia Nacional, por tanto a las órdenes de Fungairiño, se ha adherido a la acusación particular: considera que sí hay delito en las cesiones de crédito del Santander. Si se trata de un precedente del cambio de actitud del Ministerio Público, o una excepción, habrá que verlo.
Habrá que verlo porque la fiscalía General del Estado, tras consulta de Hispanidad, ha aclarado que en ningún caso se ha dado instrucción a la Audiencia Nacional sobre el particular.
