La Comisión Europea ha dado la razón a José María Trevijano, el accionista que ha denunciado una de las prácticas financieras que más han perjudicado al pequeño accionista durante la última década: la supresión del derecho de suscripción preferente en las ampliaciones de capital o emisiones de obligaciones convertibles. Recuérdese que la preferencia del propietario en un proceso de ampliación o de emisión de obligaciones constituye la única alegría para el pequeño accionista cuando la bolsa se resiente y el dividendo también. Por ejemplo, en España durante el periodo 1999-2004.
Pues bien, tras una larguísima batalla jurídica, la Comisión Europea otorga razón a Trevijano y ha emitido un dictamen motivado contra la Ley española de Sociedades Anónimas, tal y como ha quedado tras las modificaciones legislativas realizadas por el PP desde 1998, en concreto contra los puntos 158, 159 y 293. En resumen, lo que la Comisión exige del Gobierno español son dos cosas: que impida la exclusión del derecho de suscripción preferente para discriminar a los accionistas de las sociedades anónimas cotizadas con ocasión de la emisión de nuevas acciones u obligaciones convertibles y que los titulares de obligaciones convertibles no tengan derecho de suscripción preferente en esas emisiones sin antes haber convertido las obligaciones en acciones.
Hasta el momento, Trevijano había acudido a las autoridades españolas pidiendo que no se realizaran unas prácticas que despojaban de participación y perjudicaban en su patrimonio a los accionistas, a los que se suprimía su derecho de suscripción. Compañías como Telefónica, BBVA, SCH o Repsol realizaron emisiones de este cariz, sin atender los requerimientos de los pequeños accionistas y aprovechando el control que de las Juntas Generales de Accionistas posee cualquier Consejo de Administración en cualquier empresa actual. Trevijano demuestra que sólo la emisión de obligaciones realizada por el BBVA en 1996 supuso quitarles a los accionistas un patrimonio de 180 millones de euros.
Ahora, es Europa quien hace suyas las tesis de Trevijano y advierte al Gobierno español que debe modificar esta legislación. Si no lo hace, el asunto puede acabar en los tribunales comunitarios. A fin de cuentas, se trata de la estafa más silente contra la propiedad, realizada con apoyo político, que se ha dado en España a la vista de todos.
