Vestido con un traje oscuro y con corbata morada, a juego con la de sus guardaespaldas, como hacía Marichalar, no como Urdangarín, con la sonrisa permanente siempre en los labios, mirando con empaque a la coronilla de sus interlocutores, como él sólo sabe hacer, José Blanco se despidió de los informadores que siguen todos los viernes el Consejo de Ministros en Moncloa.
Tentado estuvo el ministro de hacer una bromita y demostrar con su buen humor que no le quita el sueño ni el 'Caso Campeón' ni los rumores piscineros de unas fotos con Jorge Alarte.
Habló poco, no quiso hacer balance de los errores y sí de sus éxitos como la solución a lo Reagan de la huelga de controladores, pero sí quiso detenerse sobre las quejas de Mas sobre la sinvergonzonería del Gobierno de irse sin haberse sacudido el bolsillo y haber soltado los 759 millones de euros que establece la disposición tercera del Estatut.
Blanco, mucho más lacónico en otros temas tratados en la rueda de prensa, se ha explayado a gusto, y ha argumentado que el Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante y ha adelantando el pago de los anticipos a cuenta de los cuales la Generalitat recibirá 1.000 millones. También se han adelantado los pagos a los Ayuntamientos al día 23. Y en cuanto a las Autoridades catalanas en particular ha manifestado que el dinero que reclama la Generalitat obedecía a unos compromisos a unos acuerdos, a unas previsiones en infraestructuras. "No es un dinero con el que las autoridades catalanas puedan hacer lo que quieran, es con cargo a las disposiciones adicionales. Por ejemplo, planeamos que había que invertir en el Puerto de Barcelona. Artur Mas debería acordarse de ellos e identificar los proyectos para que se cumplan los objetivos que marca la disposición adicional".
El argumento no puede ser más peregrino. Se han mezclado churras con merinas. Para bien o para mal, Cataluña es desde hace muchos años una Comunidad Autónoma que tiene derecho a hacer lo que estime oportuno con el dinero que le conceda el Estado. La pregunta que planteó la sorprendente respuesta de Pepe Blanco no tenía nada que ver ni con las obras ni con la albañilería portuaria, sino con una deuda que el Gobierno no ha podido pagar.
Sara Olivo
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