• El Gobierno se lo ha dejado claro: los contratos para los astilleros no compensan la pérdida de Repsol.
  • El director de Pemex, Emilio Lozoya, ha fracasado en su intento por conseguir que Caixabank y Sacyr apoyen el cese de Brufau.
  • El representante de Pemex en Repsol, Arturo F. Henríquez volvió a montar bronca en el Consejo del miércoles.

Hay un punto en el que coinciden todos los consejeros de Repsol, incluidos los representantes de Sacyr y Caixabank: ninguno aguanta la actitud del representante de Pemex, Arturo Henríquez, en las sesiones del Consejo. La marcha de Repsol no es que le importe mucho. Su papel se circunscribe a pedir el cese del presidente y a repetir que la empresa está muy mal gestionada.

Aún más: Pemex comenzó pidiendo al Gobierno español el control de Repsol. Así, sin más. A cambio, los mexicanos invertirían mucho en España. Por ejemplo, la inversión en los astilleros Navantia y Barreras, que durante todo el día del miércoles, fecha del último Consejo de Repsol, se vendió en RTVE como la salvación de la industria gallega y del sector naval. Y tampoco es eso.

Ha acudido a hablar con los dos accionistas de referencia, Sacyr y Caixabank, para pedirles el cese de Brufau. Le han dicho que no está por la labor.

¿Qué es lo que está ocurriendo Oficialmente, Pemex insiste en que Brufau ha estropeado una espléndida alianza para invertir en México, al calor de la nueva política energética mexicana. Como tampoco va a conseguir tal cosa se dedica a criticar a Repsol y a preparar su salida de la petrolera (tiene un 9% del capital). Pero prefiere esperar a que Repsol llegue a un acuerdo con los argentinos sobre YPF.

En el entretanto, acusan a Brufau de intentar nombrar a un consejero delegado, en la persona del peneuvista Josu Jon Imaz, responsable de Petronor. No es la intención porque Brufau sabe que no sería aceptado ni por Caixabank ni por Sacyr. De hecho, el puesto del Ceo está reservado para Nemesio Fernández Cuesta, hacia consejero director general, que lleva el peso de las negociaciones con Buenos Aires, en busca de garantías para el pago de los 5.000 millones de dólares.

Miriam Prat

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