Lo decía uno de los asesores que contribuyó a la redacción de la ley de las SOCIMIs (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria), también conocidas como REITs: Efectivamente es una Ley redactada más desde el punto de vista fiscal que económico-social.

Sobre la base de que existen en nuestro país de 600.000 a 1.000.000 de viviendas sin vender. Hubiera sido muy bueno que la reglamentación de las SOCIMIs recogiera una discriminación fiscal positiva para aquellos REITs que invirtieran en vivienda un determinado porcentaje de su activo total, pues ello facilitaría la salida de este stocks.

Por otro lado, prosigue el mismo experto: los Fondos y Sociedades de Inversión Inmobiliaria tenían una obligación de invertir al menos el 50% de su activo total en viviendas si querían tributar al 1% en el Impuesto de Sociedades. Pues bien, el proyecto de ley de SOCIMI ha incorporado una disposición final que elimina la obligatoriedad de los Fondos y Sociedades de Inversión Inmobiliaria de invertir el 50% de su activo en viviendas.

Dicho de otra forma, son medidas que no impulsan la inversión en viviendas para sacarlas al mercado de alquiler, tan necesario en este país.

En resumen, las REIT nacieron como un do ut des: las inmobiliarias ponían viviendas en alquiler y, a cambio de que algunas de ellas fueran viviendas a precio tasado, inferior al del mercado, es decir, viviendas para menesterosos, o simplemente viviendas sociales. Hacienda les bonificaba fiscalmente no pagando sino el 1 ó el 0% en el impuesto de sociedades. Ahora bien, aquí es Hacienda el que ofrece una cotización estupenda a las SOCIMI sin contraprestación por parte de éste.

Y la cosa se hincha. Luego viene el fraude financiero, realizado con la colaboración del Estado (como la mayoría de los fraudes bursátiles, en especial la especulación, que es completamente legal): ¿Qué van a hacer los bancos? Pues aprovechar todos los pisos embargados, a veces de 1.000 en 1.000 cuando se ejecuta a una inmobiliaria, introducirlos en las SOCIMI y sacarlos a cotizar. A ser posible con el correspondiente calentón inicial, para luego, una vez vendida la participación en la sociedad, marcharse con viento fresco y dejar colgado al pequeño accionista, como siempre.

De esta forma, en lugar de facilitar vivienda a los más pobres (el sistema de las REITs puede aplicarse al alquiler o a la vivienda en propiedad) lo que se ha hecho es un favor a los inversores y a la banca, que se aprovechan de la bonanza fiscal para tentar al inversor a quedarse con sus ladrillos tóxicos, que pesan varias toneladas.

Esto es obra de un Gobierno que lleva por apellido socialista, pero que respira capitalismo por todos los poros y en su peor acepción: los contribuyentes, es decir, todos son esquilmados por los intermediarios financieros y bursátiles y posteriormente, el Gobierno, con la excusa de la lucha contra la pobreza, transfiere fondos de los contribuyentes a los especuladores que les han esquilmado. Claro que si se trata de gobiernos de izquierda, la cosa cambia. Es capitalismo rastrero sí, es un robo, sí, pero un robo legal y liberal, es decir, progresista.

Eulogio López

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