Los laicistas se mueven políticamente como las izquierdas: mucho ruido y pocas nueces. Sin embargo, consiguen menear el árbol, aunque otros terminen recogiendo las nueces. Esto es lo que parece que ha pasado con una plataforma de 40 asociaciones laicistas que han presentado un recurso al Tribunal Supremo denunciando los acuerdos Iglesia-Estado por inconstitucionales.
Se olvida de algunos detalles: los acuerdos fueron firmados después de aprobarse la Carta Magna y además tienen rango de acuerdo internacional, y por lo tanto, se encuentran en la jerarquía normativa por encima de la legislación nacional. Todo esto lo saben, pero se trata de hacer ruido. En el fondo se trata de justificar la posición del Gobierno en relación a la asignatura de religión. Y casualidad de las casualidades, esta presión se produce justo cuando la Iglesia negocia con el Ministerio de Educación el tratamiento de la asignatura de religión.
De esta forma, los laicistas quedan de radicales y el Gobierno de moderado. Sin embargo, la consideración de la asignatura de religión como no curricular, resulta ajeno a nuestro entorno. Tan sólo Francia tiene un modelo similar y en muchos países de la UE es obligatoria. No es acorde a nuestra tradición, no es conforme al espíritu de los acuerdos con la Santa Sede ni al tratamiento especial que la Iglesia debería de gozar de los poderes públicos a la luz de nuestra Constitución.
Pero a los laicistas como Peces-Barba ese punto constitucional les rechina y empujan a las plataformas laicistas al fracaso jurídico con tal de agitar el cocotero e introducir presión en el proceso de negociador. ¿Qué pasaría si mutatis mutandi algún sector de la FERE amenazara con retirarse de la educación? Pues eso.
