El informe del Consejo de Estado ha señalado la necesidad de consultar al Tribunal Constitucional las necesarias reformas exigibles para adaptar nuestra Constitución al Tratado Constitucional comunitario. De la Vega ha asegurado que el Gobierno ya lo contempla en su calendario, aunque no realizará dicha consulta hasta que el Tratado Constitucional sea ratificado -o no- por el pueblo español el próximo 20 de febrero. "Lo más importante es la voluntad política de la ciudadanía", afirmó.
Una vez despejada esa incógnita -o cubierto ese trámite-, el Gobierno emprenderá la reforma constitucional exigida. Hasta aquí la información no tendría mayor trascendencia para quien no sea expertos en materia jurídico-política. Lo trascendente es que abierto el melón constitucional, es bastante posible que se exijan otras reformas, desde luego la relativa a la sucesión a la Jefatura del Estado. El problema es que una vez reformada la Constitución, el Gobierno debe disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones generales. Estaríamos, pues, ante una legislatura corta con el riesgo de que el PSOE no revalide el triunfo del 14-M, logrado tras los atentados en Madrid.
En este contexto, el Ejecutivo puede hacer dos cosas: no reformar la Constitución hasta el final de la legislatura y alargar el proceso de manera artificial manteniendo una irregularidad político-jurídica. O bien, puede realizar la reforma, abrir definitivamente el melón (a lo que presionará el PSC y su socio en el Tripartito y en los presupuestos, ERC) constitucional. Apasionante.
