Bajo estas líneas reproducimos el comunicado de las asociaciones de pensionistas contra la limitación de las pensiones máximas.

Once de las más importantes asociaciones, confederaciones y colectivos de profesionales y pensionistas de España convocan esta campaña de información y movilización contra la injusticia e irregularidad de la limitación de las pensiones máximas, una situación de arbitrariedad que se está prolongando desde hace 21 años y que se ha convertido en un problema social que afecta a más de 60.000 mayores y pensionistas españoles.

La Pensión es el pago diferido de un trabajo, no un regalo que el Estado concede a los que llegan al fin de su etapa laboral. Así pues, poner un tope a la percepción de una pensión es algo tan ilegal como poner límite a un sueldo.

En 1984 la imposición de un tope a las pensiones se justificó como algo coyuntural debido a la situación que entonces atravesaba la Seguridad Social. El Tribunal Constitucional sentenció su mantenimiento únicamente con carácter circunstancial y por un tiempo prudencial; pero de esto hace ya 12 años.

Esta situación, de clara irregularidad jurídica, se ha visto agravada por el hecho de que la pensión máxima, y no el resto de las pensiones, estuvo congelada desde el año 1984 hasta 1989, año en el que la pensión máxima subió un 3%, mientras que la inflación acumulada durante el periodo de la congelación había sido del 51,11 %, con la consiguiente enorme pérdida del poder adquisitivo por los pensionistas afectados.

Por otro lado, el cobro íntegro de la cuantía de la pensión que corresponde a cada pensionista no puede ser utilizado demagógicamente por el Estado para decir que pone en peligro el cobro de pensiones no contributivas u otro tipo de subsidios sociales que son igualmente necesarios y justos.