El periódico La Razón publicaba el pasado lunes 30 de enero que el PSC había comprado un local de Ciudat Vella por una quinta parte del valor del inmueble. La compra chollo fue posible gracias a una tasación de amigo realizada por el conseller de Obras Públicas, Joaquim Nadal. Desde entonces, en los ambientes políticos catalanes, a la coña de las Hipotecas Montilla, se suma ahora la de las Tasaciones Nadal.

Pues bien, el pasado jueves 2 de febrero, el diputado popular Josep Llobet requirió a Nadal que informara sobre la veracidad de esa compra chollo o donación encubierta que calificó de dudosa moralidad. Además, aprovechó para preguntar a Nadal sobre eventuales operaciones que se hubieran producido en el pasado, tal y como había manifestado el Conseller de Política Territorial y Obras Públicas.

El consejero Nadal respondió que en caso de que la adjudicación hubiera quedado desierta, la obligación de la administración es adjudicar el inmueble a entidades públicas a privadas sin ánimo de lucro, con finalidades de carácter social, cultural o asociativo; este es el caso al que Ud. se refiere y de otros casos que le puedo relatar desde 1999.

Por supuesto, la respuesta no deja satisfecho al diputado Llobet Navarro que se manifiesta muy preocupado e insiste: ¿en base a qué criterios jurídicos se ha realizado esta transmisión? Posteriormente hace coñas con la consideración de Nadal del PSC como una ONG: Permítame que le diga, pero nosotros, después de los episodios de La Caixa, no consideramos que el PSC sea una ONG. Por supuesto, Llobet advierte que en caso de que la respuesta no sea lo suficientemente convincente exigirán las responsabilidades políticas oportunas. Déjeme decirle una cosa: Cataluña necesita un gobierno que le diga la verdad, toda la verdad, finaliza el diputado popular emulando a Rubalcaba.

Y ahora es cuando Nadal ofrece los antecedentes de la decisión que les colocó en casa: Desde finales de 1999 hasta 2006: una editorial, centro de iniciativas Ecológicas del Medietráneo; el Instituto de Estudios Catalanes, la Fundació Catalana de l'Esplai, una cooperativa de un sindicato, la Associació Catalana de Premsa Comarcal, el FAD, Foment de les Arts Decoratives, otra cooperativa sindical, la Fundació per a l'Acció Cívica, el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Barcelonès, un partido político que no es materia, otra cooperativa sindical, la comunidad de propietarios de la calle de la Ciencia, la Fundació Concepció Juvanteny, la Fundació Privada Catalana Raval Solidari, y la Fundació Privada la Roda, siempre han accedido a precios inferiores del mercado que en caso que Ud. relata.

Además, Nadal considera que la transmisión se ajusta a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 22/2001 de 31 de diciembre de legislación catalana, que señala que el Instituto del Sol (institución vendedora) podrá ejercer el elemental derecho de fijar el precio de venta incrementado por el IPC.

Por cierto, que el partido político que según Nadal no era materia era Iniciativa per Catalunya. O sea, la consideración de la política como un cortijo. ¿Se imaginan que Esperanza Aguirre agarra un local del Instituto Madrileño de la Vivienda y se lo adjudica al PP de San Blas a una quinta parte del precio de mercado alegando que el PP es una ONG? Pues eso.