Se reducen los plazos máximos de pago en las operaciones comerciales privadas y públicas. Más derechos para cobrar indemnizaciones pero las mismas dificultades para recibirlas. La pobre situación de las Administraciones Públicas obstaculizará el efectivo cumplimiento de la normativa.
Así lo apunta la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) en su última comunicación sobre la lucha contra la morosidad.
La normativa, que entrará en vigor el primero de enero de 2013, reduce los plazos máximos de pago por prestación de servicios a 60 días para el sector privado y 30 para el público, no siendo posibles los pactos entre las partes para alargar los plazos. Anteriormente los plazos eran de 90 días para el sector privado y 60 para el público.
De esta manera se favorece el derecho a percibir indemnizaciones por el incumplimiento de los mismos, así como la posibilidad de denunciar los impagos. Y pese a que es una buena noticia para los transmisores de bienes (la morosidad en los sectores público y privado alcanza los 100.000 millones de euros), la delicada situación de las administraciones públicas, de manera especial, hacen difícil el cumplimiento real de la normativa, y más ahora, cuando muchos ayuntamientos no podrán endeudarse.
Juan María Piñero
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