Sr. Director:

Son célebres las palabras de Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno de Felipe González, en la primera época socialista, de que Montesquieu ha muerto. Fueron trece años de los socialistas en el poder, y los recordamos por la corrupción, el GAL, y los ataques que se perpetraron a la independencia judicial y al Estado de Derecho. También es recordada su frase que cobra ahora plena actualidad, de que A España no la va a conocer ni la madre que la parió, dentro de esa línea de los socialistas, tan proclives al uso alternativo del derecho, como así se ha comprobado en diversos episodios de la historia.

En estos tres años del Gobierno del 14-M, de Rodríguez Zapatero, los augurios que preconizaba el actual diputado socialista, se han quedado cortos. Los socialistas han vuelto a demostrar que con el fin de querer perpetuarse en el poder, si es preciso, se combate la división de poderes, y en concreto, el más difícil de manejar, el Poder Judicial, que es el contrapeso que todo Estado democrático precisa, si no quiere parecerse a los gobiernos dictatoriales de Venezuela, Bolivia o Ecuador, curiosamente, países amigos del actual Gobierno.

El diseño que han elaborado los think tank monclovitas, pasa por hacer un frente con partidos políticos nacionalistas y proterroristas, contra el PP, al objeto de aislarle de la vida política para que no pueda gobernar. Esa apuesta tan arriesgada lleva consigo vulnerar la Constitución, como se ha materializado con el Estatuto de Cataluña. Y de forma concreta, la legalidad vigente. No es posible pactar con la ETA y, a la vez, aplicar la Ley de Partidos Políticos, o la Ley por las libertades y contra el terrorismo. De ahí el esfuerzo de los socialistas, sin ningún recato moral ni legal y con gran dosis de cinismo, en acusar al PP de romper el Pacto Antiterrorista, o de no querer la unidad del consenso con los socialistas en la elaboración de un nuevo Pacto Antiterrorista.

El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha dado muestras inequívocas de que el falso proceso de paz, por ser de rendición ante la ETA, seguirá adelante, pese a las contradicciones del Ministro de Justicia o el de Interior. Se trata de la apuesta electoral de Rodríguez Zapatero, de un proceso largo, duro y difícil, para así llegar hasta las próximas elecciones y poder vender a la sociedad el anestésico de la paz.

Entre tanto, se ha de forzar de tal forma la legalidad vigente, que el Gobierno no está dispuesto a aplicar la Ley de Partidos para ilegalizar al PCTV, es más, se admiten sus propuestas para que el sanguinario terrorista De Juana Chaos pueda quedar impune. El Fiscal General del Estado cesa a Fungairiño de la fiscalía de la Audiencia Nacional, conocedor de que sí iba a aplicar la ley; presiona a la judicatura para que apliquen la ley teniendo en cuenta las nuevas circunstancias, o les advierte de que no tengan reparos en ensuciar las togas con el polvo del camino, o siguiendo los postulados de ETA-Batasuna, previene a los jueces de que la justicia no sea un obstáculo en el proceso de rendición. Hasta tal punto han acosado a la judicatura, que el Presidente de la Audiencia Nacional se ha quejado de que el Gobierno les incita a la prevaricación. Al Presidente del CGPJ se le lincha, para que el Tribunal Supremo apruebe las tesis de la defensa de Henri Parot.  El Gobierno socialista, no ha mostrado especial júbilo con la sentencia de la Audiencia Nacional para no conceder la prisión atenuada al terrorista De Juana Chaos, máxime cuando el Fiscal y el Gobierno mantenían tesis contrarias; ni tampoco con la sentencia del Tribunal Supremo, que ilegaliza y declara banda terrorista a los grupos juveniles de Jarrai, Haika y Segui; no se han buscado con mucho  ahínco a los 19 jóvenes, pendientes de ingresar en prisión; ni se ha investigado quién fue el policía, que dio el chivatazo a los etarras, para que no les detuvieran. Con el bombardeo de la propaganda televisiva y en otros medios, nos quieren hacer ver una realidad virtual, de que no ha habido atentados mortales, sólo accidentes, ni que haya extorsión a empresarios, ni rearme de ETA, y que se persiguen policialmente a los terroristas, aunque los datos lo nieguen. El Ministro de Justicia y el Presidente del partido socialista, no han dejado de presionar a los 16 magistrados de la Audiencia Nacional, para que se le concediera por motivos humanitarios, la prisión atenuada al ya citado terrorista; mientras tanto, casualmente, este ministro hace uso de su condición, a través de la Fiscalía, para detener a los concejales del PP de Gran Canarias, por presuntos delitos de corrupción urbanística, simultaneando su cargo con el de candidato en esa Comunidad en las próximas elecciones. Para el Presidente del Gobierno, De Juana Chaos y Otegui son hombres de paz; y los nuevos socios del PNV están en su derecho de ejercer la libertad de expresión y presionar a los magistrados en independencia judicial, con manifestaciones ante la sede del TSJPV, pues el imputado Ibarretxe, al parecer, no es un ciudadano normal, y por lo tanto, no está sujeto al imperio de la ley. Ante este panorama, ya no hay más dudas: también para Rodríguez Zapatero, Montesquieu ha muerto.   

Javier Pereda Pereda

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