• El matrimonio quería impedir que una movilización de estudiantes interfiriera con un acto de la esposa, según explicó el fiscal federal, Jesús Murillo.
  • Actuaron en complicidad con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos y la policía municipal de Iguala.
  • Una multitud de estudiantes protesta en las calles de México DF para reclamar justicia por sus compañeros.
  • Los familiares han establecido un plazo de dos días para que sus hijos sean encontrados con vida.
  • Este caso ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI), incapaz de hacer frente a la violencia, ligada al crimen organizado, en connivencia con la corrupción de los poderes públicos.
El alcalde de la ciudad de Iguala (estado de Guerrero), José Luis Abarca, y su esposa, María de los Angeles Pineda, en complicidad con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos y la policía municipal, serían parte de los autores intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes en el sur de México, la noche del 26 al 27 de septiembre. 

El alcalde y su esposa querían impedir que una movilización de estudiantes, el 26 de septiembre, interfiriera con un acto de Pineda mientras daba un informe como jefa de un organismo de asistencia a menores, según dijo el fiscal federal, Jesús Murillo, publica Reuters.

La pareja, que trabajaba en complicidad con el grupo llamado Guerreros Unidos y del que participaba también la policía municipal, ordenó frenar a los estudiantes que venían por una carretera rumbo a Iguala, en el estado de Guerrero, tras haber tomado autobuses para recolectar dinero para la escuela rural de magisterio donde estudiaban.

"Fue una represión violenta por parte de los policías de Iguala y Cocula dirigidos por el grupo delincuencial señalado, con intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento que el alcalde y su esposa estaban celebrando esa noche", según dijo el fiscal federal, Jesús Murillo.

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) libró una orden de captura contra el alcalde, su esposa, y los jefes de las policías de Iguala y Cocula, informó Murillo. Pero actualmente se desconoce su paradero.

Mientras, una multitud de estudiantes ha salido a las calles de México DF para reclamar justicia por los 43 'normalistas' de Ayotzinapa desaparecidos. Por su parte, los familiares de los estudiantes establecieron un plazo de dos días para que sus hijos sean presentados con vida. "Nomás dos días vamos a dar, si no que se atengan a las consecuencias", dijo Rafael, padre de uno de los jóvenes desaparecidos al concluir una marcha en Ciudad de México.

Este caso ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI), que hasta hace algunas semanas aseguraba que la violencia de los cárteles del narcotráfico estaba disminuyendo en México. Y sobre todo, ha situado en el primer plano de la actualidad la realidad del país: la violencia, ligada al crimen organizado, y con la connivencia de la corrupción de los poderes públicos.

José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com