El martes, los representantes del Gobierno en la Junta de ARSA no aprobaron el balance de la compañía

Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual exigen entre 250 y 400 millones de dólares, cuando la auditoría de PRICE asegura que la empresa debería liquidarse. Por cierto, la justicia argentina exige que el Gobierno tenga conocimiento de la mencionada auditoría por parte del Gobierno argentino antes de efectuar el traspaso de propiedad. Para completar el paripé de Marsans, la auditora PRICE continúa exigiendo inmunidad para entregar su informe... que pueden leer ustedes en Hispanidad

El asunto es complicado y enrevesado, pero muy simple en esencia. Marsans, propiedad del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y de Gonzalo Pascual, ha destrozado Aerolíneas Argentinas a pesar de que se la regaló el Gobierno Aznar y, además, les dio 758 millones de dólares para reflotarlo. No lo decimos nosotros, sino el análisis del balance de la compañía y la auditora PRICE, que aseguran que la compañía está quebrada y, desde un punto de visa contable, debería disolverse.

Ya rozando lo grotesco, resuelta que PRICE exige inmunidad al Gobierno argentino o no entrega su auditoría, mientras la justicia argentina  exige que el Estado conozca dicha auditoría antes de tomar una decisión sobre los que se le debe, si es que se le debe algo, a Marsans, que piden entre 250 y 400 millones de euros. Por el momento, se han tomado un respiro hasta el 12 de noviembre.

Parece lógico que el Gobierno argentino quiera conocer la auditoría, pero pueden verla en Hispanidad. Así le ahorramos el trabajo a doña Cristina Fernández.

Por el momento, lo que queda claro es que el Gobierno argentino sigue dividido entre quienes piensan que basta con no pagaran un peso a Marsans y quienes aseguran que, además, deberían llevarles ante los tribunales, como ya están en España, imputados por delito fiscal, desvío de fondos públicos y estafa procesal.