La visita de Benedicto XVI a España ha dado voz a las quejas por el dinero que suponía la logística. Claro que, cuando se trata de una conferencia mundial o de la visita de cualquier otro Jefe de Estado, nadie protesta. De poco ha servido que frente a los 5 millones de euros de los gastos, el Ayuntamiento de Barcelona haya estimado los ingresos en 30 millones de euros.
Si, como algunos dicen, la Iglesia vendiera todo su patrimonio, los curas dejaran de cobrar, cerraran los colegios religiosos, se le cancelara la asignación tributaria no sólo continuarían las críticas, sino que el Estado tendría un grave problema. De hecho, la Iglesia es un chollo para el Estado en Educación, Servicios Sociales y Patrimonio.
Más allá de las conversaciones de taberna y de los manidos discursos demagógicos, las cifras cantan. Así, sólo en la Diócesis de Madrid, los ingresos totales fueron de 92 millones de euros. Pues bien, un 52,67% procede de las aportaciones voluntarias de los fieles. La asignación tributaria significa un 14,10%, procedente por otra parte de las declaraciones en las que los contribuyentes han elegido que sus impuestos se dediquen a la Iglesia (no se conoce ningún caso de contribución con pistola en la sien).
Por el lado de los gastos, la Iglesia madrileña dedica el 53,20% a acciones pastorales y asistenciales, mientras las retribuciones al clero no llegan al 20%. Se debe tener en cuenta que la conservación de edificios supone 13,7 millones de euros, frente a los 2,7 millones de euros que implica la conservación del patrimonio.
Después de esto, todavía quedará quien diga que la Iglesia se aprovecha del dinero del Estado, cuando la realidad es que aporta un servicio impagable.
Mariano Tomás
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