- Lukoil deberá lanzar una OPA sobre Repsol si adquiere el 29,9%, según un dictamen jurídico
- El almacenamiento de gas «Gaviota», clave para poder frenar a Lukoil en Repsol
- Santander, el fleco que frena la venta de Itínere
- Los acreedores de los Sanahuja se quedarán con el 54% de Metrovacesa
- Castellano cesa a la secretaria del Consejo de Ono
- Los seguros, contra un posible impago de la deuda española se disparan
- Afirma quiere realizar compras si se suscribe la ampliación
- Banco Pastor ficha a una ejecutiva de Bankinter como nueva directora de riesgos

El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció un crédito extraordinario de 11.000 millones para financiar inversiones. El Gobierno confía en que las actuaciones financiadas por el plan anunciado ayer lleven a la creación de 300.000 empleos en 2009, de los que dos terceras partes corresponderían a contrataciones en nuevas obras. La medida más voluminosa anunciada ayer por el presidente Zapatero pone en manos del Gobierno una importante arma de poder político ante los 8.000 municipios. Todos ellos se pondrán a la cola para recibir el maná del nuevo Fondo Extraordinario de Inversión Pública en el Ámbito Local, dotado con 8.000 millones de euros. Esta cantidad es el doble de la inversión prevista por los Ayuntamientos el próximo año. El anunció de Zapatero en el Congreso de los Disputados, de que se destinan 800 millones de euros para reanimar el sector  del automóvil, han sonado a música celestial para los fabricantes  y algo peor a los responsables comerciales y de postventa.

 

Concentración bancaria. Esta es la receta más destacada que recomendó ayer a las entidades el subgobernador del Banco de España, José Viñals, como vía para reducir costes y combatir las negativas consecuencias de la crisis financiera. El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, también abogó por esta fórmula, pero defendió un cambio de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca) para facilitar las fusiones interregionales de estas entidades. La inyección de dinero procedente del erario público en bancos europeos y estadounidenses para reforzar sus niveles de solvencia se ha convertido en casus belli para la industria española. Los presidentes de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, arremetieron ayer contra esa práctica y mandaron sendos mensajes a los ejecutivos: al español que no secunde la medida y al comunitario (Bruselas) que obligue a los países que lo hacen a explicar por qué recapitaliza las entidades. El consejero delegado del banco español, Alfredo Sáenz, indicó que es «crucial» que haya unas reglas del juego comunes y que se impida que los bancos que han recibido capital público «jueguen con ventaja adicional» sobre los competidores que han renunciada a esa ayuda. El consejero delegado del Banco Popular, Roberto Higuera, incidió en que esta entidad era la más solvente de Europa y, ahora, tras las inyecciones de capital público al norte de los Pirineos, ha caído en la lista. Es «una distorsión en el libre mercado». El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, defendió las fusiones, pero criticó que a las cajas se las haya tratado como ´a la cenicienta del cuento´, aunque reconoció que la situación es compleja. ´Vamos a tener problemas. Lo vamos a pasar mal y hasta viviremos alguna transformación, pero finalmente subsistiremos´ añadió. Entre estos cambios, Blesa abogó por las fusiones entre cajas de distinta región, una posibilidad contenida en la Lorca, pero que en la práctica resulta inviable al necesitar la aprobación de las respectivas comunidades autónomas. El secretario de Estado de Economía, David Vegara, dijo ayer que el Ejecutivo no tiene ese proyecto en marcha. La reforma de la ley de cajas se hará «desde el consenso y con tranquilidad», porque estas cosas no pueden hacerse «rápidamente».

 

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, pidió anoche directamente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que acepte la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre sus relaciones con la constructora Sacyr y resto de operaciones empresariales orquestadas, en su opinión, desde Moncloa.

 

El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, afirmó que los acreedores están exigiendo a Lukoil «más garantías» y apuntó que todos los miembros del sindicato de acreedores de Sacyr deben actuar de forma coordinada. Según fuentes de otro de los acreedores, la clave estará en el precio de compraventa que pacten los rusos con Sacyr, ya que, con la acción de Repsol a 15,20 euros, cuanto más pague Lukoil por título más garantías le exigirá la banca. El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, asumió el suyo en el Foro España Innova, al animar a quien quiera controlar Repsol YPF a traspasar la "línea mágica" del 30% (el límite a partir del cual existe la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición)

 

El secretario general de FIA-UGT, Antonio Deusa, insistió ayer en la idea de que el Gobierno controle y regule en parte el sector energético. Por su parte, el secretario general de CC OO, José María Fidalgo, se mostró partidario de la intervención del Estado en la venta del paquete accionarial de Repsol para apoyar la aparición de algún 'actor nacional'.

 

La petrolera rusa Lukoil está dispuesta a no hacerse con la gestión y llevarse bien en el futuro con la actual gerencia de Repsol. Así lo confirman a Negocio fuentes cercanas a la operación, que señalan que el despacho Garrigues está asesorando a los rusos en el tema y el espíritu de su pacto futuro es la convivencia pacífica con  Brufau y su equipo.

 

Lukoil deberá lanzar una OPA sobre Repsol si compra el 29,9% que le otorgaría la participación de Sacyr y de La Caixa, según un dictamen jurídico que justifica esta obligación en la presunta concertación de poder entre Lukoil y La Caixa. Según la argumentación del dictamen, el precio que pagará Lukoil supone una prima de control que llevará de hecho a modificar la propiedad y el control de Repsol, por lo que hace obligatorio lanzar una OPA por el 100% del capital. El informe también reclama modificar la Ley del Mercado de Valores para garantizar la protección de los pequeños accionistas en situaciones en las que haya un cambio en el control de la compañía cotizada, se supere o no la actual barrera del 30% que obliga a formular una Oferta Pública de Adquisición, señala El Mundo. Este dictamen, elaborado por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo a petición de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), será enviado hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al de la CNMV, Julio Segura así como al presidente de la petrolera española, Antonio Brufau.

 

Según ha podido saber ABC, el Ministerio de Industria se está «informando» con «actitud pasiva» de las opciones que ofrece la actual normativa y ha encontrado en el almacenamiento subterráneo de gas denominado «Gaviota», en Vizcaya, un as que guardarse en la manga por si el planteamiento final de la transacción atentara contra la seguridad de suministro del país. La teoría es sencilla. El emplazamiento pertenece en propiedad a Repsol y tiene, desde 2007, la consideración de «activo estratégico» para el país.

 

En medios financieros se comenta que el impedimento que ha frenado a Sacyr la venta de su filial de infraestructuras Itínere al consorcio que lidera Citigroup es el Santander. Al parecer, dicen que la entidad cántabra tiene la participación de la empresa que preside Luis del Rivero, como garantía complementaria en  Repsol, y no está dispuesta a liberarla mientras no se cubra el diferencial, señala Negocio.

 

Los bancos acreedores de la familia Sanahuja -Santander, BBVA, Banesto, La Caixa, Caja Madrid y Popular- estudian fórmulas para tomar el 9% del capital de la inmobiliaria cada uno capitalizando los créditos que los Sanahuja utilizaron para hacerse con el control de la compañía. El acuerdo, que debe ratificarse antes del 30 de este mes pero que podría retrasarse algo más, está prácticamente cerrado desde hace más de una semana, pero pendiente de la solución al crédito que Metrovacesa tiene con HSBC por la adquisición de la torre de la entidad financiera en Londres, que vencía ayer, informa ABC:

 

Tal y como anuncio un día antes Hispanidad, Enrique Used anunció ayer su cese como presidente de Amper, tras casi diez años al frente de la compañía. La causa de su marcha parece estar en las diferencias del directivo con Tvikap, propietaria del 21,4% de la firma española, controlada por José Manuel Arrojo, aseguran Negocio y Cinco Días. 

El primer consejo de ONO con José María Castellano al frente, que se celebró el pasado miércoles, arrancó con un par de novedades: el cese de la secretaria del consejo, Mariona Roger, y el análisis de las primeras propuestas del financiero Martin Stewart, según explican fuentes cercanas del operador a Negocio.

 

La crisis económica ha convertido al Reino de España en uno de los emisores de deuda más populares en el mercado de los Credit Default Swaps (CDS), que son seguros que los inversores compran para protegerse del riesgo de impago de una entidad pública o privada. Los problemas de la economía española, que algunos analistas e inversores creen más agudos que los de otros países, han impulsado las adquisiciones de CDS para cubrir el riesgo de las emisiones del Tesoro, afirma Expansión.

 

La ampliación de capital de Afirma, postergada durante casi un año, ya está lanzada. La empresa que preside Félix Abánades quiere encontrar nuevos socios que suscriban el tramo dinerario y destinar estos fondos a 'liderar la consolidación del sector', apunta Cinco Días.

 

Banco Pastor ha nombrado directora general de riesgos a Ana Peralta Moreno, que ocupaba el cargo de subdirectora general de este área en Bankinter. Peralta, que también se incorporará al Comité de dirección del banco gallego, será responsable de todos los aspectos relacionados con la gestión global de riesgos y dependerá directamente del presidente del grupo, José María Arias, informa Cinco Días.

 

Ahorro Corporación, grupo de servicios financieros que tiene como socios a 42 cajas de ahorros españolas, estudia la creación de una sociedad para gestionar los activos inmobiliarios que se adjudiquen estas entidades durante la crisis, asegura Expansión.


Por GMC-NEWSLETTER DIGITAL