El respeto institucional anunciado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha terminado quedándose en talante y "buen rollito". Por ejemplo, la Ley de Reproducción Asistida establecía un máximo de tres los ovocitos (primera fase del embrión) que podrían generarse en cada primera fase de la fecundación 'in vitro' (FIV). El reglamento, sin embargo, deposita en los facultativos la decisión sobre cuántos ovocitos deben de ser extraídos a la madre en un proceso de FIV.

Por otra parte, la Ley deposita en el Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa la capacidad para autorizar los procesos de investigación. El nuevo Gobierno, sin embargo, ha considerado que la medicina regenerativa debe regresar al Instituto de Salud Carlos III, recortando las competencias que le habían sido conferidas al Dr. Matesanz. Y eso a pesar de que Matesanz es amigo de Bernat Soria y había sido uno de los grandes defensores de la clonación. Pero fue el anterior Ejecutivo popular quien le "premió" con la competencia de medicina regenerativa y Roma no paga traidores.

Para quitarle la competencia a través de un reglamento lo que se ha hecho ha sido dejar el puesto vacante para que sea el Carlos III quien tome esas decisiones. "Hasta aquí es donde hemos podido llegar", señala la ministra de Sanidad, Elena Salgado. O dicho de otra forma, esto es lo que hemos podido retroceder al actual marco legislativo. Eso sí, la ministra del ramo anuncia una nueva Ley de Biomedicina, que sustituirá a la Ley de Reproducción Asistida de noviembre de 2003 y que está prevista para antes del verano. Prisas que tienen algunos. En el entretanto, el Gobierno ya ha anunciado una inversión de 100 millones de euros para investigación embrionaria en esta legislatura.