• La Autoridad del Canal de Panamá ha roto las negociaciones, aunque el Grupo Unidos Por el Canal continúa buscando una solución.
  • Esto ha repercutido en la Bolsa pues las acciones de Sacyr han caído un 7% al empezar la jornada y su bajada estaba en torno al 6% a media sesión.
  • Desde la Comisión Europea se pide a las partes que "reconsideren sus posiciones".
  • La ministra de Fomento, Ana Pastor, insta a ambas partes a que sigan negociando para concluir una "infraestructura clave para todo el mundo".
  • Y si vamos al pleito, el Estado español tendrá que pagar el coste del CESCE..

Como bien saben la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha roto las negociaciones con el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lideraba la empresa española Sacyr. Y esto ha repercutido en la Bolsa, pues la acciones de la española al inicio de la jornada de la Bolsa han caído un 7% y a media sesión su bajada estaba en torno al 6%.

A pesar de esto el GUPC continúa buscando una solución para el tercer juego de exclusas, a pesar de la interrupción de las negociaciones por parte de la ACP, como señalan en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el que señalan que está en peligro no solo la expansión del Canal de Panamá, sino también 10.000 puestos de trabajo.

Uno de los socios de Sacyr en este proyecto, los italianos del Grupo Impregilo, la convencen de abandonar esta obra, pues creen que ganan más marchándose ahora que quedándose porque Panamá no está dispuesta a ceder.

El martes informamos en Hispanidad que el embajador de Panamá en España, Roberto Eduardo Arango, advirtió que el Canal tiene preparado un plan B para terminar esta obra de todos, pero se mostró esperanzado de que las negociaciones llegasen a buen puerto. Pero la noticia de este miércoles se puede decir que desvanece sus esperanzas.

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Antonio Trajani se ha sorprendido con la ruptura de las negociaciones y ha pedido a las partes que "reconsideren sus posiciones". Pero no es el único dirigente político con esta postura, ya que la ministra de Fomento, Ana Pastor, apela a la "responsabilidad" tanto del GUPC como de la ACP para que sigan negociando para "lograr un entendimiento" que permita concluir una "infraestructura clave para todo el mundo".

Encima, resulta que, para las obras de ampliación de Canal, GUPC contó con el aval de la Compañia Epspañola de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), de titularidad pública. Es decir que, si a los tribunales vamos, el Estado también podrá verse implciado. Luis de Guindos ya ha soltado la primera obviedad al respecto: El Gobierno intentará minimizar el daño. O sea, que sí hay daño potencial.

Cristina Martín

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