Rogamos lean el interesante informe-resumen que nos remiten sobre el caso de Gedeprensa y el clipping press. Se trata de un resumen realizado cuando la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) aún estaba en el Senado. Sin embargo el texto definitivo no ha significado gran variación y ha supuesto un verdadero varapalo para los intereses de los grandes editores.
Una mano oculta y bastante honrada, al parecer proveniente del Grupo Parlamentario Canario introdujo una enmienda a espaldas del Grupo Parlamentario Socialista en la que se recordaba algo tan evidente como que los derechos de autor de la prensa, corresponden a su autor, es decir al periodista, y no a la empresa editora.
Los grandes editores abroncaron al Gobierno por tamaño despiste pero se dieron cuenta de que ya no se podía deshacer el entuerto. En conclusión, decidieron dos cosas: interpretar la ley en su favor y dividir al enemigo, en este caso a AESIP, asociación que engloba a las empresas que realizan resúmenes de prensa.
Los editores se aferraron a que la ley define un periódico como una obra colectiva. Esa definición es producto de un informe jurídico interesado, del bufete Uría y Menéndez, que ha trabajado para todos los intermediarios también llamadas entidades de gestión de derechos- de la propiedad intelectual, incluida la que agrupa a los grandes editores bajo el nombre de Gedeprensa. Lo que ocurre es que el que un periódico sea una obra colectiva significa que para su realización necesita la aportación de muchas personas, pero eso no diluye la propiedad intelectual del autor ni la traspasa al editor. Es como si los derechos de autor de un novelista con una actriz correspondieran a su editor o a su productor. Sólo pueden corresponder a estos últimos si existe una cesión expresa, casi siempre temporal y acotada de una serie de actividades, por parte del autor, propietario intransferible de su obra.
En cualquier cosa la mano oculta y canaria que introdujo la enmienda determina, en su artículo 32.1, que los derechos del autor, corresponden al autor, es decir al periodista. Es una invitación a que el Gobierno desarrolle reglamentariamente el instrumento que canalizaría estos derechos. En otras palabras, lo que los clippineros deberían pagar a ese fondo común para periodistas.
Sin embargo tal y como informara Hispanidad el pasado jueves, la Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura tuvo la desfachatez de ponerse en comunicación con la presidenta de AESIP, Carmen Santos, para decirle que donde la ley hablaba de autor debería interpretar editor. En definitiva que a pesar del comando canario e incumpliendo flagrantemente el espíritu y la letra de la ley son los editores los que deben lucrarse con el canon de los clippineros.
Y así, los grandes diarios españoles realizan una campaña de propaganda mentirosa pero constante. Un ejemplo entre muchos: el diario el Mundo en su edición del Viernes 28 de julio titula: El Mundo prohíbe la reproducción comercial de sus textos sin autorización. A renglón seguido reproduce el famoso artículo 32.1 de la LPI, verdadera piedra angular de toda la polémica, dicho artículo, terror de los grandes editores, dice que el propietario de los derechos de autor es el periodista, pues bien, El Mundo retuerce el argumento y se aferra a la famosa denominación de obra colectiva, sí, el propietario de los derechos de autor es el autor, pero los gestiona el editor.
A nadie se le oculta que el negocio del clipping no da para mucho, por tanto, el interés de los señores de la prensa es bien distinto. Lo que realmente buscan es que toda la información circule por los propios canales que ellos controlan, en resumen, lo que persiguen es el oligopolio informativo y casi podíamos hablar el oligopolio del pensamiento. Persiguen, también, neutralizar la información que circula por Internet, el nuevo mundo de la comunicación que los grandes editores no logran controlar: es demasiado amplio hasta para ellos.
Sí, el negocio del clipping es escaso, pero la LPI ha supuesto un terremoto desde otro punto de vista. Todo el formidable negocio de las empresas de gestión de derechos (SGAE, AFIVE, DAMA, CEDRO etc.) se vendría abajo si se aplicara reglamentariamente el espíritu de la LPI, en otras palabras, como ningún intermediario de derechos de autor puede representar a todos los autores y sin embargo, cobra como si los representara- lo lógico es que la recaudación y el reparto del dinero procedente del pago de la propiedad intelectual lo realice el Estado. La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) ya advirtió en su último Congreso que esa era su línea de actuación y que, en cualquier caso, son los periodistas, y no los editores los propietarios de su trabajo.
Y hay otra cuestión que conviene recalcar la estrategia de los grandes editores no sólo pasa por conculcar la ley con interpretaciones curiosas y con su política de hechos consumados. También pasa por dividir al enemigo, de hecho, siempre tuvieron un submarino en AESIP, que no es otro que la empresa Acceso, propiedad de la todopoderosa central de medio Mediaplanning que controla la publicidad en España de los grandes multimedia y de los medios informativos independientes- bajo la égida de Leopoldo Rodés, consejero de Sogecable. A través de la influencia palanquín Mediaplanning se ha hecho con la intermediación de los mejores anunciantes españoles.
Pues bien Acceso está rompiendo y paralizando la AESIP para conseguir lo que califican de pacto con Gedeprensa a cambio naturalmente, de convertirse en intermediario único entre los multimedia y los clippineros. Una especie de gran hermano de la información periodística.
