Sr. Director:
El que fuera consejero de Empleo de la Junta andaluza desde 2004 hasta marzo del pasado año, Antonio Fernández, imputado en la causa de los ERE fraudulentos, fue advertido por el mismo interventor que criticó el procedimiento empleado por la Junta en el caso de los expedientes de regulación de empleo, de que desde su consejería se estaban ofreciendo "ayudas" de dinero a empresas al margen de los más elementales criterios de transparencia y control.

 

Una muestra de que los EREs fraudulentos no fueron un caso aislado, sino la expresión recurrente de la negligente y supuestamente delictiva gestión del dinero público al servicio de turbios intereses. Parece que esto se hacía bajo la creencia de que el "dinero público no es de nadie". Tal vez por eso nadie dimite ni admite haber obrado mal.

Suso do Madrid