Sr. Director:

Estamos asistiendo a una campaña publicitaria monumental sobre un pretendido éxito en la Negociación de la Deuda por parte del Gobierno nacional y sus epígonos. Ninguna cifra es constatable. El Ministerio de Economía y la Caja de Valores en su momento rechazaron las cartas de ADAPD solicitando acceso a la información a que teníamos  derecho como acreedores.

De modo que los porcentajes a que alude el Gobierno no pueden ser verificados por ningún interesado, ya que se oculta la información en la que se basan.

Anuncia que el próximo jueves se tendrían las cifras definitivas, cuando otras organizaciones de bonistas del exterior, nos informan que el Banco de Nueva York necesitaría dos meses para procesar toda la información y dar las cifras definitivas.

Por lo antedicho, es que creemos que las cifras que proporcionará el Gobierno sólo tendrían como objetivo  sacar beneficios políticos del pretendido éxito del canje. Éxito desde su punto de vista.

Tenemos que suponer que en base a la compaña de intimidación pública que el Gobierno argentino realizó, debe haber logrado un porcentaje mayor al que hubiera logrado si los bonistas hubieran tenido libertad para elegir.

Para nosotros, la ley denominada cerrojo constituyó un acto de coerción y una clara violación de la conducta de negociar de buena fe. A estas acciones deben sumarse las resoluciones que permitieron, en clara violación al principio de igualdad ante la ley, que las Letes en poder de los bancos fueran eliminadas del canje. No así las mismas Letes que ahorristas poseían en los Fondos Comunes de Inversión administradas por los mismos bancos. Si eso no es discriminación y/o negociación de mala fe, ¿cómo puede llamarse?

Advertimos a los ahorristas que si constatan los porcentajes de aceptación que se atribuyen a AFJP, bancos, ahorristas particulares, compañías de seguro etc, las mismas no cierran con las cantidades atribuidas a cada segmento. Al mismo tiempo, no aparecen en ninguna parte las cifras o porcentajes en poder de los organismos oficiales como Bancos de la Nación o Provinciales, sus Aseguradoras y AFJP.

Otra maniobra posible sería no incluir las cifras de los bonos en poder del Estado en el total oficial de la Deuda (de hecho no constituyen deuda), pero sí incluir esos bonos en las cifras de aceptación del canje, con lo cual el nivel de aceptación aumentaría. Como las cifras del rechazo se presentarían como una diferencia con el total oficial de la deuda, la suma de ese rechazo disminuiría en la misma cantidad de bonos en poder del Estado. Esto no puede ser asegurado, porque no hay forma de tener acceso a la información, pero  el Gobierno no tiene ningún interés en facilitarla, que es lo menos que podría esperarse de quien proclama por todos los medios un pretendido éxito rotundo.

Por lo que advertimos que si se ofrece una nueva oportunidad de adherirse al canje, el mismo podría constituir el medio utilizado para acercarse a  los niveles de aceptación que se pregonan y poder subsanar la supuesta maniobra.  

Aquellos que piensen que el Gobierno actúa con la verdad y de buena fe, tendrían la oportunidad de resignar voluntariamente su patrimonio, incorporándose a la aceptación de la propuesta oficial.

Si a todo este proceso el Gobierno argentino aspira a calificarlo de exitoso, es porque se omite toda consideración legal y ética de los medios utilizados, al mismo tiempo que se oculta  que los principales perjudicados son los mismos argentinos.

Por nuestra parte, como ahorristas, hemos defendido y seguiremos defendiendo nuestro patrimonio legítimamente adquirido dentro de los marcos que nos permite la ley. El Gobierno nacional ha acudido a todos los medios a su alcance: presión sobre los medios de comunicación mediante la regulación de la publicidad, como, con otros argumentos, admitiera de hecho el interventor del Comité Federal de Radiodifusión; presión sobre los otros poderes del Estado; promulgación de Leyes con efecto retroactivo.

Todo esto para lograr un beneficio político de corto plazo. Los costos económicos y sociales los tendremos que pagar entre todos los argentinos en el mediano y largo plazo.

De hecho, el Gobierno necesita para pagar la deuda que está en situación regular 13.423 millones de dólares este año y un total de 65.923 millones para el período  2005-2009 (Fuente  La Nación  Economía y Negocios del 10-02-05). Luego de haber negociado la deuda, y haber respetado la estabilidad legal del país en la forma en que lo hizo, ¿quiénes y a qué tasa de interés va a facilitar financiación?

Por último, queremos remarcar a todos aquellos damnificados que hayan iniciado acciones legales o estén por iniciarlas, que deben seguir de cerca el desarrollo de las mismas, junto a ADAPD.

COMISIÓN DIRECTIVA DE ADAPD (Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default)

www.adapd.org.ar