Entre ellos el derecho de defensa por las escuchas de Garzón incorporadas al caso Gürtel

 

La denuncia la efectuaba el presidente del Consejo Superior de Colegios de Abogados, Carlos Carnicer, en la mañana de este martes. La legislación a golpe de titular, en caliente, está produciendo una preocupante relajación en las garantías y en los Derechos Humanos. Casi nada. España, país que presume de defender, 'exportar', y 'extender' los derechos humanos, resulta que está retrocediendo. Relajación de garantías. No son pocas. El Consejo se ha quejado de recorte en los derechos de los inmigrantes, de los niños y también del derecho de la defensa. No por ser un derecho del abogado, sino por ser la garantía de la libertad. Por eso el mismo 10 de octubre, cuando se publicaron las escuchas de Garzón a las conversaciones entre los imputados y sus clientes, el Consejo hizo una nota de queja. El colegio de abogados de Madrid también mostró su repulsa un par de semanas más tarde. No por el caso, sino por el hecho, aclara Carnicer. El presidente de los abogados también se queja del exceso de producción de leyes. Una inflación legislativa que hace el sistema ineficiente.

Además, Carnicer se mostró contrario a un CGPJ nombrado sólo por jueces porque en su opinión, caerían en el corporativismo. Por eso propone un modelo como el belga en el que el CGPJ está formado también por abogados. Por otra parte, Carnicer ha reclamado estar en el diálogo social o al menos en el CES. No estar presente en estos órganos siendo los profesionales el 10% del PIB, resulta lacerante, sobre todo si tenemos en cuenta que la Unión Profesional representa a 1,5 millones de profesionales liberales que generan empleo de calidad, con igualdad y que resisten mejor a las crisis que otras actividades.

En cuanto a Egunkaria, Carnicer apela a la necesidad de resolver el problema de las víctimas de la justicia. ¿Quién indemniza a estos 7 periodistas que llevan 7 años pleiteando? Sobre la reforma del Código Penal recuerda que el informe del Consejo de Estado ponía de manifiesto que la memoria económica no recogía las inversiones para las reformas necesarias. En relación a la polémica ley de auditoria, Carnicer se ha mostrado satisfecho de que el PP y CiU hayan coincidido en la total separación de actividad de auditoría y de consultoría jurídica. Eso es garantía de que en el Senado se va a seguir ese criterio.

Por último, Carnicer ha reiterado su compromiso con la legitimidad de la acusación popular con independencia de que acuse o no el fiscal. Es una garantía, señala. O sea, que no 'compra' la 'doctrina Botín'. Carnicer prefiere no meterse en esos huertos.