Ya hemos informado que la notificación del registro de la baja de López Garrido de la Fundación Alternativas arroja muchas irregularidades. La más llamativa es que se permite que el registro tenga efectos retroactivos un año antes, quebrando toda la normativa registral. Además, la baja se inscribe con un año de retraso, cuando a ley señala expresamente que se debe de inscribir en el plazo de un mes.
Los pasos son los siguientes: el apoderado Carlos Eduardo Rapaport Andelman lleva un papel con la baja el 8 de junio de 2009. Queda registrada en el protectorado con fecha de entrada de 10 de junio, nº 1.310. A este papel se adjunta la certificación expedida por el secretario Manuel Rocha Rubí de 28 de mayo de 2009 con el visto bueno del presidente, Pere Portabella Rafols, acreditativa del cese con fecha 29 de abril de 2008. Es decir, en junio de 2009 se inscribe un cese de abril de 2008. ¡Toma seguridad jurídica! ¡Toma cumplimiento de la ley! ¿No dice la ley que debe inscribirse en el plazo de un mes precisamente para dar cobertura y garantía jurídica? Pues en este caso, López Garrido había cesado como patrono de la Fundación Alternativas pero no se enteró nadie hasta 14 meses después. Espectacular.
Pero es que hay más detalles. Resulta que López Garrido acude defendido por el Abogado del Estado. ¿Por qué? ¿No se trataba de un asunto privado? De nuevo la confusión entre lo público y lo privado. La misma confusión que llevó a De la Vega a defenderse de su extraño empadronamiento en Benaixida con abogado del Estado. La misma confusión que le lleva a López Garrido a darse de baja en un documento con membrete del Ministerio de Justicia.
Sigamos con las curiosidades. Resulta que el juez Sexmero acuerda la prueba el 9 de diciembre y el abogado del Estado recibe notificación al día siguiente. Los tiempos de la justicia se aceleran que es una barbaridad. Cuando quieren. Ese mismo 10 de diciembre, el Abogado del Estado solicita al Ministerio de Cultura que emitan certificado. En apenas 24 horas logra el papel. Eso sí que es celeridad de la administración. ¡Vuelva Ud. mañana!
Por último: en el documento expedido por Cultura se afirma que la Fundación tiene obligación de presentar balance del año y presupuesto del año siguiente. Pues bien, en la memoria 2007/2008 aparecía López Garrido como patrono, en contra de la supuesta baja retroactiva señalada por el registro.
En resumen: un cúmulo de irregularidades que hacen sospechar que Garrido ha puesto a toda la maquinaria del Estado a retorcer el derecho para salvar su imagen. Quizás la querella era un tema menor. Pero forzar un registro retroactivo para limpiar la propia imagen recuerda demasiado a las actitudes de De la Vega en su conocido empadronamiento.
