El caso Urbanor, que puede llevar a la cárcel a Alberto Cortina y Alberto Alcocer (los famosos Albertos) es de todos conocido. El Tribunal Supremo les condenó a penas de cárcel y a pagar a sus demandantes, entre ellos los San Martín, dueños de la constructora del mismo nombre. No entramos en el caso. Lo cierto es que los Albertos cobraron más por sus acciones que sus socios y que el Supremo les condenó por ello.
Ahora mismo, el caso aborda su recta final. Tras la condena del Supremo, los Albertos interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en la que solicitan la anulación de la sentencia por una razón de forma: el delito había prescrito. En efecto, los denunciantes presentaron la demanda cinco años después de los hechos. Según los Albertos, ello fue debido a que esperaron a que prescribieran las obligaciones fiscales. Tampoco nos interesa eso ahora. El caso es que los Albertos fueron condenados por el Supremo.
Es aquí donde comienzan a operar las alianzas, amistades y las campañas de prensa y de banquillo para inclinar el fallo del Constitucional en un sentido o en otro. Con un añadido : el TC ya ha dado un par de avisos. En primer lugar, admitiendo el recurso de los Albertos. En segundo lugar, al propugnar una teoría jurídica sobre la prescripción de delitos favorable a las tesis de los Albertos. A partir de ahí se desencadenan las pasiones.
Por ejemplo, el abogado de los San Martín es Miguel Bajo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Bajo es uña y carne con Enrique Bacigalupo, magistrado del Supremo ¿Y quién es el que, a través de artículos en revistas especializadas, por ejemplo, La Ley (núm. 6265 de 1 de junio) y de las páginas de la prensa está presionando para que el TC dictamine contra la prescripción y, consiguientemente, los dos primos entren prisión (una presión totalmente legal, naturalmente)? Pues un viejo conocido del Felipismo : el mencionado Enrique Bacigalupo, magistrado del Tribunal Supremo. La relación entre Bajo y Bacigalupo es tan intensa que hasta Silvina Bacigalupo, hija de, trabaja para Miguel Bajo, en el mismo Departamento de la Universidad Autónoma, y firma con él libros, prospectos e informes.
Y más. Como quiera que el Tribunal Constitucional pareciera inclinarse por las tesis de los Albertos, es decir, por la prescripción del delito en el caso Urbanor, aparece de repente, vaya usted a saber por qué, Teodulfo Lagunero, un jubilado de 78 años, que interpone en el Supremo una demanda contra los magistrados del Tribunal Constitucional, en concreto contra su sentencia 63/2005 del TC, en la que acusa a los miembros del mismo de prevaricadores. Lagunero considera que el fallo del TC invade competencias del Supremo porque, sobre todo, podría beneficiar a financieros como Alberto Cortina y Albero Alcocer, unos multimillonarios delincuentes bien relacionados con el poder. Qué le impulsa a presentar la demanda y gastarse los cuartos en pleitos, él, un jubilado. Teodulfo nos lo explica: Tengo derecho a denunciar una situación preocupante. Tan encomiable preocupación por la justicia, así, en genérico, es comprensible en quien es presentado como un viejo amigo de Rafael Alberti, que ayudó a Santiago Carrillo a pasar la frontera armado de su peluca.
Y lo que es más importante: ¿Dónde ha terminado la demanda de Teodulfo Lagunero? Pues en la Sala II del Supremo done el magostado ponente será Enrique Bacigalupo.
¿Y dónde se cuenta toda la historia? ¿Dónde vierte sus declaraciones Teodulfo Lagunero? En el diario El Mundo (lunes 6 de junio), el mismo diario que, por pura casualidad, ha mostrado más animadversión a los Albertos, desde los tiempos en que Alberto Cortina se vio forzado a elegir entre la amistad del entonces presidente de Telefónica, Juan Villalonga, y la de Pedro José Ramírez, enfrentados en una trifulca sin fin. Cortina eligió a Villalonga, entre otras cosas porque eso le aseguraba un sillón en el Consejo de Telefónica. Desde entonces, El Mundo está empeñado en que los Albertos terminen en prisión y no deja de recordar en sus editoriales que el pueblo se sentirá muy desilusionado si los poderosos logran eludir el penal por una cuestión de forma (y a lo mejor en esto tienen razón).
Si lo merecen, que los Albertos vayan a la trena. Pero sorprenden estos lobbies de presión, para los que se precisa: un demandante (persona particular o asociación), un grupo de amigos juristas, intelectuales puros, presionando, intelectualmente, por supuesto, para imponer sus tesis, por supuesto sin otro interés que el de la investigación científica, y, muy importante, un periódico que, en sus desvelos por la justicia, lo cuente en tiempo real.
