Es el mismo fiscal que aceptó la orden de rebajar la pena de Ignacio de Juana y el mismo que solicitó el sobreseimiento del caso de Emilio Botín por las indemnizaciones a Amusátegui y Corcóstegui
El Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro (CEJTM) ha presentado a mediodía de este jueves una querella contra el fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos y contra el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, por omisión de sus respectivos deberes de perseguir delitos, contemplado en el art. 408 del Código Penal. La previsión del legislador es que estos delitos sean sancionados con la inhabilitación en el ejercicio del cargo de 6 meses a 2 años.
La querella obedece a la decisión del fiscal Burgos de retirar los cargos en el juicio que la Audiencia Nacional seguía contra el líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, por enaltecimiento del terrorismo. Tras la muerte de la etarra Olaia Castresana mientras preparaba un explosivo, Otegi señaló que "muchos gudaris han dejado la vida en el camino".
Por su parte, la AVT también ha presentado una querella. No estaban personados en la causa porque, al no haber víctima directa, no podían ejercer la acusación particular. Aunque sí la popular. Y esta es que ha anunciado que ejercerá el CEJTM a partir de la fecha. "Para evitar que se vuelva a repetir una situación similar", señala su portavoz, Javier Pérez Roldán.
Además, el CEJTM anuncia que se personará también en las actuaciones judiciales que se sigan contra el PSOE por delitos urbanísticos, etc. Por entender que la fiscalía ha perdido la debida autonomía para perseguir delitos con independencia del presunto delincuente.
La decisión del fiscal Burgos ha enervado los ánimos. El Foro de Ermua ha convocado una manifestación para las 8 de esta tarde frente al ministerio de Justicia. Y ya se habla del segundo pago del gobierno a ETA tras el segundo grado otorgado a Otegi. Una vergüenza de hoja de ruta en el que la presentación de Batasuna y Navarra no son sino los siguientes pasos.
El historial de Fernando Burgos como obedientísimo subordinado del fiscal general del Estado continúa creciendo. Burgos fue también el fiscal que "defendió" a Emilio Botín, acusado de pagar 44 millones de euros a José María Amusátegui y 110 a Ángel Corcóstegui, con dinero de los accionistas del SCH para poder alzarse con todo el poder en el primer banco del país. Por decir esto, Burgos se querelló contra Hispanidad, e Hispanidad fue absuelta en por los tribunales.
