ElPlural.com nació para defender al Gobierno socialista y atacar al PP: me disgusta lo primero y me agrada lo segundo, así que mis sentimientos son de amor y odio, fifty-fifty, como aquel que, a cero grados centígrados, no sentía ni frío ni calor.

Lo saludable, como todo el mundo sabe, consiste en poner como no digan dueñas a esos dos cánceres de la sociedad española que son el PSOE y el PP.

Dicho esto, lean con atención el artículo de los chicos de Enric Sopena, que publicito con mucho gusto, pues posee la extraña virtud de no acertar ni un número en la quiniela, algo casi tan difícil como la de no aceptar ninguno. En este caso, hablamos de argumentos y del llamado impuesto religioso.

Según la escuela Sopena la Iglesia recibe 5.000 millones de euros del Gobierno, resultado de sumar unas cifras cuyo origen nos ocultan pudorosamente, pero que sería el dinero público empleado para colegios concertados, centros sanitarios e instituciones de asistencia social. La verdad es que hasta don Enric sabe que si no para conciertos privados, el Estado tendría que pagar más colegios públicos, que le salen el doble de caros, porque los funcionarios cobran más y trabajan menos, amén del pequeño detalle de que los españoles, vaya usted a saber por qué, se empeñan en llevar a sus hijos a colegios concertados -preferentemente religiosos- y dejan los públicos para los inmigrantes y, en general, para todos aquellos que no pueden elegir.

Lo mismo puede decirse de los centros sanitarios -si no existieran los religiosos el Estado tendría que ampliar los públicos, y no digamos nada con la asistencia social-. Yo creo que Enric se queda corto: si añade todos los productos subvencionados que consumen los católicos -y los no católicos-, considerando que casi el 90% de la población española se confiesa cristiana, seguramente multiplicaría por 10, o por 100: entonces lo que donosamente recibiría la Iglesia del Estado seguramente alcanzaría los 100.000 millones de euros... tirando por lo bajo.

Más cuentas del Gran Capitán Sopena: los católicos pagan un 0,7% menos que los no católicos. Esto simplemente es una falsedad. Lo que ocurre es que todos los españoles, independientemente de su credo, pueden elegir sobre un 0,7% de su base imposible. Pero no eligen entre la Iglesia y nada, sino entre la Iglesia, las ONG y el propio Estado. Por tanto, todos los españoles pagan lo mismo, sólo que algunos, con gran disgusto de don Enric, estamos de acuerdo, deciden que no sea una ONG, o el señor Solbes, quienes se beneficien de ello, sino los curas. Hay gente muy rara. Pero no pagan menos, pagan lo mismo. Además, la asignación tributaria es mínima: sólo el 0,7%, ojo, de los impuestos directos, que apenas alcanzan la tercera parte de la presión fiscal total.

Más mentiras en las cuentas del Gran Capitán. ¿Exenciones tributarias? ¿Cuál que no posea cualquier entidad no mercantil, o sin ánimo de lucro o similar a sus pares no religiosos (por ejemplo, un colegio laico)?

Pero lo más importante no son las enfebrecidas cuentas del Gran capitán, sino el hecho de que el llamado impuesto religioso constituye la única espita de libertad fiscal que posee el contribuyente, la única parte de sus impuestos en la que él decide donde se gasta el dinero que le arrebata el Estado por la fuerza. No debiera ser sólo un vehículo libérrimo para financiar a la Iglesia católica, sino un libérrimo instrumento para financiar un montón de cosas más. Si es el ciudadano quien paga también debe ser el ciudadano quien decida una buena parte del gasto público: ¿O es que el ciudadano está maduro para votar pero no para decidir el objetivo del dinero que paga?

La asignación tributaria, por tanto, es la vía esencial de la democracia y de la libertad. Es el único, y mínimo, reducto en el que el contribuyente es libre para elegir dónde va una mínima, realmente mínima, parte de los impuestos que paga. Y no los paga libremente, sino coercitivamente. Los paga a la fuerza... hasta el Gran Capitán Sopena.

Personalmente soy partidario de la separación entre Iglesia y Estado: me encanta la iglesia pobre y libre de Zetapés y Sopenas. Ahora bien, renunciar a la asignación tributaria significaría renunciar a la libertad y a la democracia. Por eso propongo, no su extinción, sino su ampliación a un porcentaje realmente significativo del total de los impuestos que pagamos, que son muchos.

Eulogio López

eulogio@hispanidad.com