Es la última estrategia del PP: aceptar que en España haya discrepantes que estén en contra del aborto. Respetar que la Iglesia esté en contra del aborto. Sin embargo, De la Vega insiste en que la reforma ofrece mayores garantías. Y se refugia en el bochornoso informe del Consejo de Estado. Nadie sostiene que la actual ley sea mejor. Y lo dice muchas veces, a ver si cuela.
Nosotros mismos. La actual legislación no defiende al nasciturus en todos los casos, pero al menos establece que en determinadas circunstancias excepcionales, según la interpretación del TC, podría ser disponible al entrar en conflicto con su madre. La aplicación indisciplinada de la ley convirtió a España en un país de turismo abortivo. Y ahora se pretende que exista esa misma relajación, pero con bendición legal. Convertir el aborto en un derecho. Por supuesto que es peor, aunque la anterior ley también fuera perversa. Lo dice el PP, la Iglesia, los manifestantes y el sentido común.
Pero De la Vega aferrada a sus argumentarios: es una ley que ofrece más garantías a las mujeres, enmarcada en nuestro entorno europeo, moderada y modulada. Bla, bla, bla. En clave política se incumple el compromiso del programa electoral de abrir una genérica reflexión y el segundo compromiso de sólo regular si había consenso social y político. Es evidente que ese consenso no existe. En tal caso: apisonadora. No se puede gobernar de espaldas a la calle, decía Zapatero con la guerra de Iraq. Pues eso.
