También se ha señalado que una Ley de Plazos sería abiertamente contraria a la doctrina constitucional que consagra el bien-vida, aunque despenaliza determinados supuestos. Una Ley de Plazos significaría que un bien trascendente como la vida quedaría al albur de la mera voluntad de otro, algo que no ocurre ni cuando uno quiere arrancar un árbol; siempre hay que dar explicaciones, argumenta José Miguel Serrano, catedrático de la UCM.
Lo que ha llamado la atención es que el presidente de la Comisión de Deontología de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, el Dr. Juan Ramón Usandizaga, haya consagrado la doctrina de su 'jefe', el Dr. Bajo. A saber: a partir de la semana 22 es un infanticidio, no un aborto. El Dr. Usandizaga dice no compartir personalmente ese criterio y afirma que a título personal considera que la vida comienza en la concepción y que hay que defenderla siempre. Pero cuando se coloca el traje institucional, defiende lo de las 22 semanas. ¿Por qué 22? Es el plazo a partir del cual el feto podría ser viable fuera del vientre materno.
Argumento malísimo, porque el feto es siempre viable en el seno de su madre. Además, la viabilidad externa depende de cuestiones externas. ¿Son estos factores externos los que marcan las diferencias en la protección en el derecho a la vida? Pues aunque parezca alucinante, sí. Increíble. La razón de fondo, por supuesto, es que la SEGO alberga a muchos abortistas en sus seno. Así que la posición oficial es un equilibrio de compadreo entre ciencia e interés. Lamentable. Máxime cuando deberían de saber que el Gobierno utilizará a la SEGO como soporte científico para justificar la Ley de Plazos. Al tiempo.
