Es el cálculo de la Federación de hostelería

 

En un ambiente puritanismo progresista, el 1 de enero entrará en vigor la ley que prohíbe fumar en todos los espacios públicos cerrados. La prohibición puede hacer caer las ventas en el sector en 7.000 millones de euros.

No se puede beber, ni fumar y si tienes sexo, con preservativo y si no que se lo digan a Julien Assange, pero no es él el tema central. Pero ésta es la línea puritana -puritanismo progresista, por supuesto- que ha emprendido el actual Gobierno y que en 2011 surtirá efecto con la entrada en vigor de la ley que prohíbe totalmente fumar en espacios públicos cerrados (luego está la ley en el País Vasco que quiere prohibir que los mayores puedan fumar en un coche si hay menores). La obsesión por la salud -una patología más- lleva al PSOE a reducir la libertad con el BOE en la mano.

Desde el Instituto de Estudios Económicos se ha realizado un informe, junto con la Federación Española de Hostelería, en el que se critica la nueva ley. Lo que se pretende, según ellos, es decretar por ley lo que muchos empresarios están haciendo por propia decisión, pero sobre todo, cambiar las reglas del partido a mitad del juego.

Ya no se va a poder fumar en espacios públicos y los más afectados están en el sector de la hostelería. Este sector supone en 7% del PIB y emplea al 7,2% de la población total en España, es decir, 1,5 millones de empleados. Si la reducción de ventas por la crisis ha sido del 13,4%, con la nueva ley, la caída sería de otro 10% y una pérdida de empleo del 3,5%. Es decir, se perderían 7.000 millones de euros y se destruirían 50.000 empleos (aunque desde el Gobierno se dirá que no pasa nada total hay casi 5 millones de parado y 50.000 son una pequeña gota).

Dentro de poco, los adultos tendrán que reunirse en las puertas de las casas a fumar, porque no podrán hacerlo ni en sus casas y lo que está claro es que el bar español típico acabará desapareciendo, aunque tenga que ser por ley. Esperemos que no cunda en nuestro país el ejemplo de Grecia donde se ha puesto en marcha una campaña de desobediencia cívica contra una prohibición semejante.

Y es que desde el mundo de la hostelería, dos aspectos son los que más les duelen. Por un lado, la irracionalidad de la ministra (Trinidad en un primer momento y Pajín actualmente) que quiere dar clases de cómo dirigir la hostelería; y por otro, las mentiras del Gobierno que ha emprendido esta ley para homogeneizarla a las normas de la Unión Europea, cuando resulta que sólo 3 países (Reino Unido, Irlanda y Chipre) tendrán una legislación tan restrictiva, y otros muchos (Polonia, República Checa, Holanda o Bélgica) han dado marcha atrás en sus legislaciones.

Lo necesario no es prohibir en este caso, sino educar e informar para que las personas, libremente decidan. Pero es que eso de saber qué es libertad, bueno o malo o responsabilidad, es demasiado complicado.

Juan María Piñero

juanmaria@hispanidad.com