El segundo derecho natural -tras el primero, que es el de la vida- creo que está el de los padres de un menor, respecto de su alimentación y vestido, educación, normas de convivencia, en fin, tutelar para proteger y orientar esa vida en desarrollo.
Con esta ley del aborto -asesinato con todos los agravantes-, que permite abortar a niñas de 16 años, informando a sus padres o tutores legales antes de someterse a la interrupción, excepto si demuestran estar en peligro al hacerlo, el Gobierno no se contenta con encanallar a potestativas madres cometiendo un horrible crimen del que no se olvidarán para el resto de sus vidas; la ley extiende sus tentáculos para ahogar con ellos lo más noble de la sociedad, socavando su mismo cimiento, que es la familia fundada sobre el matrimonio estable entre un hombre y una mujer, a los que roba impunemente -con luz y taquígrafos- la patria potestad, derecho que les pertenece por estar obligados a ejercerla en beneficio de sus hijos menores de edad. Todavía más, en su línea de implicar en su canallesco plan a la sociedad, endosa a los facultativos la responsabilidad de decidir sobre el aborto de una menor en el caso de que ésta no vaya acompañada de sus padres o tutores.
Trinidad Jiménez ha dicho: El médico tiene que evaluar las circunstancias que la joven le está planteando y si éste tiene dudas puede pedir el informe de un psicólogo o de un trabajador social que certifique que ese miedo puede existir sobre la menor. Y ¿quién carga con la culpa si algo falla? En esta errática deriva de los padres de la Patria, culpables de todos los crímenes de Zapatero, y asistiendo al idilio -pese a las bravatas de Méndez y Toxo- que mantiene el Gobierno con UGT y CCOO, no sería de extrañar que la decisión de abortar una menor recayera finalmente sobre el liberado sindical de turno, especie de convidado de piedra.
Amparo Tos Boix
