El Tribunal Constitucional admitió a trámite el pasado 19 de julio el conflicto de competencia 5.151/05 presentado por el gobierno el 7 de julio. Además, el gobierno apeló al artículo 161.2 de nuestra Carta Magna para pedir la suspensión del acto administrativo del gobierno vasco, petición que fue aceptada.
De esta forma se congelaban las resoluciones 8.301/05 y 8.302/05 del Director de Servicio del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco por las que se habían licitado las obras ferroviarias en el tramo Ordizia-Itsaurronda. Esta licencia se enmarca en la nueva red ferroviaria que trata de impulsar el gobierno vasco de espaldas al gobierno central.
No es la primera vez que el gobierno central recurre al Constitucional para frenar las obras ferroviarias vascas. Pero en este caso evidencia que en el gobierno no se están produciendo gestos de acercamiento al PNV, o al menos que esos gestos son posteriores al 7 de julio, fecha en la que la abogacía del Estado presentó el conflicto de competencias. Si finalmente el acuerdo entre el PSOE y el PNV prospera es bastante probable que como peaje del acuerdo el gobierno retire su conflicto de competencia. En todo caso, servirá como baza negociadora en unas conversaciones que no se prevén sencillas.
De momento, Josu Erkoreka, ha elevado ya las pretensiones del gobierno vasco. En un primer momento se formuló un acuerdo de apoyo meramente presupuestario. El PNV apoyaría los PGE a cambio de que el PSE apoyase los presupuestos peneuvistas en la cámara vasca, librándose de la dependencia del probatasuno PCTV.
Pero como era de esperar, el nivel de exigencia se ha elevado. Erkoreka exige desbloquear el conflicto del cupo vasco y consumar el traspaso de las 37 competencias que el gobierno vasco entiende que están pendientes de traspaso, incluida la competencia de prisiones. Por supuesto, por debajo de la mesa, la fusión de las cajas de ahorro y el traspaso de la capacidad inspectora de las entidades financieras, también formarán parte del proceso de negociación. Con estos mimbres no va a ser fácil el entendimiento, aunque la presión por parte del vasquismo moderado y la necesidad de un socialismo tambaleante podría propiciar el encuentro.
Desde el PP se trata de torpedear el entendimiento. La portavoz popular Soraya Sáez de Santamaría, instaba ayer lunes al gobierno a no "emprender nuevos experimentos tras el fracaso de la vía catalana". Además, los populares entienden que el PNV no ha roto sus lazos con el nacionalismo radical.
Sin embargo, desde el PNV se mira con cierta envidia los avances en la "construcción nacional" que se aventuran tanto en Cataluña como en Galicia. La imagen de un lehendakari elegido con los votos del sospechoso PCTV tampoco resulta especialmente positiva. La propuesta del presidente del Senado, el socialista vasco Javier Rojo, de apoyar al PNV para restar el lastre de los probatasunos en los próximos presupuestos vascos resulta tentadora.
Los próximos meses serán un permanente tira y afloja. Porque algunos analistas entienden que el gobierno Zapatero ha cerrado capítulo a las aventuras de ERC e IU y va a buscar los apoyos en los nacionalismo moderados. En CiU ya sienten el calor del poder e incluso acarician la posibilidad de entrar a formar parte en el gobierno. En el caso del PNV, deberán de escenificar la distancia con una ilegalizada Batasuna que sin embargo sigue actuando de árbitro de la política vasca: asiste a las rondas de negociaciones políticas, convoca ruedas de prensa y manifestaciones, teledirige a su "marca blanca" PCTV, y prepara su presentación a las próximas elecciones locales. Y todo ello, por supuesto sin exigir a ETA tregua alguna, sino una vaporosa "mesa de partidos" que el PNV ha comprado de manera vergonzante.
