El Gobierno busca suplantar la iniciativa social de los ciudadanos, reduciendo la actividad de los centros concertados. Educación para la Ciudadanía, la nueva asignatura ideada por el Ejecutivo para educar según su esquema a los alumnos durante 12 años. El Proyecto de Ley fragmentaría el modelo educativo español en 17 sistemas, una por comunidad autónoma.

Los centros de iniciativa social, la denominada educación concertada, ha estado siempre bajo sospecha del actual Gobierno. Pero esta vez le han dado la puntilla. La derogada LOCE afirmaba que se garantizaría tanto la oferta pública como concertada. El Proyecto de Ley de educación señala, en cambio, que las administraciones autonómicas velarán por que haya una oferta "suficiente" de plazas públicas y que "podrán" firmar convenios con centros de iniciativa social. O sea, la filosofía de fondo del Gobierno: la educación de iniciativa social debe ser subsidiaria de la educación pública.

La afirmación vulnera el principio de libertad de elección educativa por los padres contemplado en la Constitución Española. Pero es que, además, se dirige frontalmente contra la realidad social, que apunta que los centros de iniciativa social tienen más demanda que los centros públicos. Y no sólo eso, sino que resulta que siendo la educación pública sustancialmente más cara para las arcas autonómicas que la concertada, la decisión vulneraría los principios básicos de la gestión económica.

¿Por qué tanto desatino? ¿Por qué tanta obsesión con proveer educación cuando la sociedad es capaz de auto-organizarse? ¿A qué se debe esta brutal violación del principio de subsidiariedad? El motivo es claro : controla la educación y controlarás las conciencias. Sobre todo, si se establece como troncal la asignatura de "Educación para la Ciudadanía" en Primaria, Secundaria y Bachiller. ¿Alguien se imagina qué se enseñará en semejante asignatura? Veamos: Constitución Española, Constitución Europea y Carta de los Derechos Humanos de la ONU. ¿Hay más contenido para rellenar 12 años?

Por supuesto, San Segundo no ha querido desvelar nada de sus previsiones. Pero haberlas, haylas. Porque el objetivo de la reforma es hacer una verdadera revolución que embrutezca las conciencias, aborregue el conocimiento, dentro de una ética laicista de escaso contenido, pero, eso sí, controlado por papá Estado, verdadero artífice del bien y del mal. Y así se podrá rellenar el programa con instrucción sexual y ética progre. Ya saben: "Pague sus impuestos y no sea insolidario. Nosotros nos encargamos de todo". La nueva Ley formará "ciudadanos" -si es que lo logra-, pero se olvidará de formar personas. Y sin personas, no hay sociedad. 

Por otra parte, la religión quedará como asignatura evaluable, pero no computable, y sin alternativa. ¡Genial! Ya no aparecerá en el currículum académico más que en una nota adicional, antesala de su desaparición. Eso es dignificar la asignatura. "La vamos a dar, pero no como quieren los curas", señalan desde el PSOE. Hecho. Exactamente lo contrario de lo demandado por tres millones de firmas promovidas por la CONCAPA. Eso es escuchar la calle...

Técnicamente, el Proyecto de Ley rompe con la propuesta de itinerarios de la LOCE. "El mismo menú para todos hasta los 16 años", señala críticamente el senador popular Adolfo Abejón. Tampoco se atiende la diversidad, ni las aulas de apoyo, de las que sólo se dice que "podrán" arbitrarse sistemas, sin mencionar cuáles ni cómo serán financiados. Porque esa es otra: el Proyecto de Ley no menciona una palabra sobre cómo se financiará la "cosa". Pequeño detalle de gente apegada al dinero.

Además, se hace caso omiso al mandato del Senado para que se extendiera la financiación de la educación infantil de los 3 a los 6 años. La LOCE preveía que no fuera obligatoria, pero sí gratuita. El actual Proyecto de Ley señala la infantil como "voluntaria", y no dice nada de si será gratuita o no. Es decir, que se reservarán muy mucho de hacer conciertos en infantil con el actual texto encima de la mesa.

Más. El Proyecto de Ley desmembrará nuestro actual sistema educativo en 17. Quizás por eso, la consejera republicana de Educación de la Generalitat de Catalunya, Marta Cid, se mostró tan entusiasta. En el anterior modelo se establecía que el "tronco común" sería "como mínimo" entre un 55% y un 65% en función de las comunidades autónomas. La propuesta de Ley de San Segundo marca los mismos porcentajes, pero "como máximo". Es decir, el mínimo puede ser el 0% y cada comunidad podrá hacer su propio modelo sin que el ministerio pueda decir una sola palabra. Puntilla definitiva al sistema educativo español.

Y por si fuera poco, resulta que los consejeros de Educación conocieron el miércoles 30 el texto de la ministra, señal inequívoca de la ausencia de diálogo y consenso del que presume el Gobierno. En resumen: se derogó la LOCE para regresar a la LOGSE. Pero esta vez con más bríos. Vayan agarrándose que vienen curvas peligrosas.