• El Consejo Empresarial para la Competitividad recuerda que en España la economía sumergida representa un 23% del PIB, bastante superior a la de Alemania (15,4%), Francia (14,8%) u Holanda (11%).
  • También apuesta por una profundización en las reformas: ámbito institucional, sistema educativo, tamaño e internacionalización de las empresas.
  • Medidas con las que prevé reducir la tasa de desempleo al 14,2% en 2018 y crear 2,3 millones de empleos.
  • También es necesario afianzar una base de ahorro estable que garantice el proceso de desendeudamiento público y privado.
  • Así como impulsar las infraestructuras digitales y energéticas: más inversión en I D, coste de la electricidad asequible, más producción de energía autónoma y menos dependencia.

La actualidad informativa da pie para afirmar que la sombra de la corrupción es alargada, emulando así, en parte, el título de una de las obras del escritor Miguel Delibes. Sin embargo, César Alierta (en la imagen), presidente del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) y máximo dirigente de Telefónica, ha evitado pronunciarse mucho sobre este fenómeno, pero ha señalado que "sería mejor que no hubiera ningún imputado".

Curiosamente, en la presentación del sexto informe de los emitidos por el CEC desde su creación en febrero de 2011, se ha señalado que la lucha contra el fraude permitiría reducir la tasa de paro al 10,4% en los próximos cuatro años. Fernando Casado, director general del CEC, ha recordado que en España la economía sumergida supone un 23% del PIB, bastante más que en Alemania (15,4%), Francia (14,8%) u Holanda (11%). Además el fraude laboral en nuestro país es del 11% del PIB, doblando el promedio de los tres países mencionados (6%), pero combatirlo podría aflorar más de 800.000 empleos y una recaudación adicional del 1% del PIB.

Para solucionar esta lacra, Casado ha comentado algunas medidas, como homogeneizar y evaluar las que ya están en marcha, aumentar el número de inspectores, un cambio de actitudes frente al fraude, etc. Además ha incidido en la importancia de mejorar el sistema educativo, con cifras: el 25% de los jóvenes españoles ni estudia ni trabaja (15% en la OCDE), el 9% de los adultos tiene formación profesional (el 37% en la UE), el 45% de los adultos tiene la ESO o inferior (el doble que en la UE), pero sólo el 5% ostenta el nivel máximo en comprensión lectora (la mitad que en la UE). El objetivo es "romper el círculo vicioso de educación-desempleo-economía sumergida".

Este sexto informe se centra en la problemática del paro y propone algunas medidas para intentar solucionarlo. Es decir, apuesta por una profundización en las reformas: ámbito institucional, sistema educativo, tamaño e internacionalización de las empresas. Con estas actuaciones, el CEC prevé reducir la tasa de desempleo al 14,2% en 2018 y crear 2,3 millones de empleos. "Consiguiendo esto volveremos a ser un país que sorprenda al mundo entero", ha subrayado Alierta.

Jorge Sicilia, economista jefe del BBVA, ha afirmado que "las empresas medianas y grandes son más productivas, innovadoras y exportan más", pero en nuestro país solo suponen un 0,8% del total, mientras que la media de Alemania, Francia e Italia se sitúa en el 1,5%. Así, es necesario que nuestras empresas aumenten su tamaño y se acerquen al promedio europeo, ganando productividad y repercutiendo positivamente en empleo, generando más de 400.000 puestos de trabajo. Por eso se deben reducir las trabas administrativas, aplicar efectivamente la ley de unidad de mercado, mejorar la financiación y optar por fusiones y adquisiciones, entre otras medidas. "Según aumente su tamaño, la internacionalización vendrá", ha puntualizado Sicilia, quien también ha insistido en la necesidad de que las compañías que han empezado a exportar pasen a ser exportadores regulares durante cuatro años consecutivos.

Por su parte, José Manuel Campa, director general de relaciones con inversores del Grupo Santander, ha centrado su intervención en la necesidad de afianzar una base de ahorro estable, que garantice el proceso de desendeudamiento público y privado. Por ello, ha mencionado el ajuste de 30.000 millones, previsto ya en el Programa de Estabilidad y Crecimiento del Gobierno. "Si los programas de lucha contra el fraude fueran eficaces generarían 10.000 millones", ha recalcado y apuesto por una reforma a nivel local, pues España tiene el porcentaje más alto de ayuntamientos.  

Otra de las propuestas del CEC tienen que ver con el impulso de las infraestructuras digitales y energéticas. Juan Antonio Mielgo, director de Estructura Financiera de Telefónica, ha comentado que "el mundo anglosajón invierte mucho más en intangibles que en tangibles" y que España no puede perder paso en la revolución digital, por lo que debe aumentar la inversión en I D. Esta debería alcanzar el 3% del PIB en 2018 (ahora está en el 1,3%). Por su parte, José Sainz Armada, director económico-financiero de Iberdrola, ha defendido un "coste de electricidad asequible para aumentar nuestra competitividad". "La factura eléctrica se ha encarecido en España y es 2,5 veces superior a la de EEUU" y la causa del sobrecoste son los "costes ajenos al suministro por distintas políticas", que son 80% superiores a la media europea y suponen el 50% del precio de la electricidad. Por ello apuesta por un marco regulatorio único, que garantice el suministro y la estabilidad medioambiental, así como por incrementar la producción de energía autónoma y reducir su dependencia.

Cristina Martín

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