- A favor, el PP, CiU, PNV y parte del grupo Mixto. En contra, el PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, ERC y Amaiur.
- Los cargos políticos que cometan alguna infracción grave o muy grave podrán ser destituidos pero no inhabilitados, como planteaba el texto original.
- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, adscrito al Ministerio de Hacienda, velará por el cumplimiento de la ley.
- La norma afecta a la Casa del Rey, al Banco de España, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, a las mutuas laborales, a las entidades privadas cuya financiación esté compuesta en un 50% por fondos públicos y a las que reciban más de 100.000 euros al año en ayudas y subvenciones.
La preocupación de los españoles por la corrupción creció en julio 1,8 puntos respecto a mayo, según el último barómetro del CIS. Y, vistas las noticias de las últimas semanas -por ejemplo sobre los ERE andaluces- nada hace indicar que la tendencia vaya a cambiar.
En este contexto, el Parlamento ha dado luz verde este jueves a la Ley de Transparencia, la única medida anticorrupción del Gobierno que preside Mariano Rajoy (en la imagen). Y miren por dónde, se aprueba sin consenso. A favor, el Partido Popular, CiU, PNV y parte del grupo Mixto. En contra, todos los demás. Al margen de otras consideraciones, no es la mejor carta de presentación.
Entre otras medidas, los cargos políticos que cometan alguna infracción grave o muy grave podrán ser destituidos pero no inhabilitados, como planteaba el texto original. Es decir, un concejal de urbanismo que cometa una infracción grave se le podrá destituir, pero no se le podrá inhabilitar para que opte nuevamente a un cargo electivo.
La nueva ley regula también el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que será el encargado de velar por el cumplimiento de la norma. Este consejo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Según el texto, dicho consejo tendrá "personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar". Además, actuará "con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines". Habrá que verlo.
Para empezar, este consejo estará compuesto por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno de la que formarán parte, a su vez, su presidente, un diputado, un senador y un representante del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Autoridad Independencia de Responsabilidad Fiscal.
Asimismo, el presidente del consejo y de la comisión será nombrado a propuesta del Ministerio de Hacienda "entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional". El Congreso, a través de la Comisión competente y por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento. Su mandato será de cinco años no renovables.
Finalmente, la norma ha ampliado su ámbito de aplicación. De esta manera, afecta a la Casa del Rey, al Banco de España, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, a las mutuas laborales, a las entidades privadas cuya financiación esté compuesta en un 50% por fondos públicos y a las que reciban más de 100.000 euros al año en ayudas y subvenciones.
Mariano Tomás
mariano@hispanidad.com
