La nueva Ley de Morosidad obliga a las diferentes administraciones a abonar las facturas con sus proveedores en un máximo de 30 días. La medida es sensata porque muchas empresas están ahogadas precisamente por la mora de la administración. Una morosidad que lleva a tener que despedir e incluso cerrar la empresa.
Aplaudimos la medida. Pero lo importante no es que haya una buena ley, sino que se cumpla. La actual ley establecía 90 días, pero no se cumplía. El mecanismo es siempre el mismo: no reconocer la deuda. Como falta el sello no hay deuda. Así que a pesar de las buenas intenciones del legislador, en este caso puede ocurrir exactamente lo mismo: como no hay reconocimiento de deuda, no hay cobro. Y aquí paz y después gloria.
La solución pasa porque los ayuntamientos empiecen a asumir que no es posible mantener en un permanente impago a sus proveedores. Y sobre todo que empiecen a concentrarse en sus competencias y abandonen las llamadas competencias impropias. Sencillamente no hay dinero. Ya no se pueden sacar fondos del suelo. Y sin suelo, no hay ingresos. Toca apretarse el cinturón. Así de sencillo.
Andrés Velázquez
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